La organización de consumidores Facua ha reclamado este lunes al Gobierno nuevos cambios regulatorios para sancionar a las empresas de telecos y de energía que se lucran de las llamadas telefónicas no deseadas y para indemnizar a los usuarios afectados.
Pese a que desde el pasado mes de marzo los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto fraudulentos, según los datos facilitados hoy mismo por el ministro Óscar López, Facua denuncia que multitud de consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario.
Ello se debe, expone Facua, a que el plan contra las estafas telefónicas del Gobierno no incluyó el bloqueo de este tipo de comunicaciones desde las numeraciones fijas con prefijo geográfico.
Así, para Facua, las medidas del plan resultan «claramente insuficientes» y ha de ampliarse el bloqueo «a todo tipo de llamadas», pues las numeraciones fijas con prefijo nacional se han convertido «en un gran coladero de fraudes».
«El propio ministro ha admitido que tras la entrada en vigor del plan, los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas ante la imposibilidad de hacerlo con numeración móvil», señala Facua.
Por ello, la organización de consumidores insiste en la necesidad de ampliar el actual plan para bloquear también las llamadas ‘spam’ desde numeraciones fijas con prefijo geográfico. «Desde 2023, todas las llamadas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas, aunque en la práctica, se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad», critica Facua.
Además, la asociación considera fundamental que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulse un cambio regulatorio para obligar a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar al usuario de que, si no fue realizada o solicitada expresamente por él, tendría derecho a una indemnización económica al tratarse de ‘spam’ telefónico.
Para Facua, es necesario que todas las empresas beneficiarias de altas telefónicas tengan que garantizar que, en la grabación de la llamada, el usuario no sólo acepta unas condiciones concretas del servicio, sino que además tenga que indicar que ha realizado él la llamada o que pidió expresamente que se la hicieran.
«Si dicha información no aparece en la grabación, el contrato no sería válido y las empresas que los procesen estarían incurriendo en una infracción de consumo que derivaría en sanción al ser denunciada», reclama Facua.
