Luego de una primera victoria en la Cámara de Diputados, la oposición redobla su ofensiva y, al igual que hizo con la ley que declara la emergencia en discapacidad, buscará revertir el veto presidencial sobre el proyecto que establece una suba en los ingresos jubilatorios del 7,2% y una actualización del bono a $110.000 mensuales.
El desafío se presenta difícil. La votación que habilitó el tratamiento del tema en el recinto reveló que la oposición logró los dos tercios de los votos necesarios con lo justo: sobre 239 legisladores presentes, 159 votos fueron positivos, 75 negativos y 4 abstenciones.
El logro opositor fue posible porque hubo cinco ausencias libertarias que, de haber permanecido en el recinto y votado junto a sus pares, hubieran dado vuelta la votación. Se trata de los diputados Alberto Arancibia, Carlos D’Alessandro, Florencia Klipauka, Alida Ferreyra y Gerardo González. Marcela Pagano, en tanto, votó contra el Gobierno. Tres de ellos -D’Alessandro, Pagano y González- anunciaron que romperán con el bloque oficialista para conformar, junto a Lourdes Arrieta, una bancada propia que se llamará “Coherencia”.
También hubo cuatro “heridos” del bloque Pro que pegaron el faltazo: Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, Gabriela Besana y María Eugenia Vidal. Todas las ausencias contribuyeron a que la oposición consiguiera los dos tercios con mayor facilidad.
En el radicalismo, cercano al oficialismo, también hubo deserciones a favor de la oposición: de los 14 miembros que lo integran, 9 votaron a favor de habilitar el tema, incluido Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada y uno de los que resultó herido en el cierre de las listas electorales del oficialismo. En junio pasado, cuando se dio media sanción a la ley, la mitad del bloque se había abstenido.
En tanto, votaron en contra los tres diputados que responden al gobernador radical Alfredo Cornejo (Mendoza), quien pactó una alianza electoral en su distrito con los libertarios.
El bloque Innovación Federal mostró un escenario fragmentado. Los tres salteños aliados al gobernador Gustavo Sáenz votaron a favor de discutir la insistencia. Se trata de Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes. Sus cuatro compañeros de bloque que siguen las órdenes del mandamás de Misiones, Carlos Rovira, se abstuvieron. El rionegrino Agustín Domingo, el último integrante del bloque, en sintonía con el gobernador de su provincia, Alberto Weretilneck, se ausentó.
La ley en cuestión establece, por un lado, un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones (por la inflación no reconocida de enero de 2024) y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal total será de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra se eleva a 0,78 punto del PBI.
Además, agrega la OPC, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Si bien este esquema no tiene efecto económico, tiene efecto financiero cuyo costo, según la OPC, será de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI.
En el texto de la ley, la oposición consignó distintas fuentes de financiamiento para costear estas medidas aunque, de acuerdo a las estimaciones de la OPC, no resultan suficientes y solo alcanzan el 0,39% del PBI.
No obstante, los opositores insisten en que el costo fiscal se verá parcialmente compensado con el poder de compra que recuperarán los jubilados y pensionados con la nueva ley: según la OPC, quienes perciban el haber mínimo mejorarán su poder de compra en un 16% mientras que el resto de la escala se beneficiará en un 11%.
El debate
En medio de un clima de tensa expectativa e incertidumbre, los legisladores de los distintos bloques fueron adelantando sus posturas. Por de pronto, el oficialismo se aseguró el apoyo de Ricardo López Murphy (Republicanos), quien anticipó su voto a favor del veto presidencial.
“No lo voy a acompañar porque esta ley no resuelve el problema (de los jubilados), está mal diseñada”, enfatizó López Murphy.
En la vereda contraria, la diputada Calletti enfatizó que la situación actual de los jubilados es “insostenible” y que insistir en la ley aprobada por el Congreso es un “acto de estricta justicia”. “Es mentira que esta norma afecta el equilibrio fiscal. No somos degenerados fiscales. Sí hay plata para afrontar estas subas, las fuentes de financiamiento están en la ley”, aseveró.
Desde el bloque Democracia para Siempre, una agrupación que nuclea a los radicales críticos del Gobierno, también confirmaron su apoyo a la ley. “Los radicales ‘de verdad’ reafirmamos nuestro compromiso con los más vulnerables”, acicateó Mariela Coletta, en alusión a los radicales “pactistas”.
Por su parte, el diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, cuestionó al Gobierno por su política de imponer decretos y vetos presidenciales en lugar de ampliar su base de sustentación política por medio del diálogo y la negociación.
“Hay una complejidad de parte del Gobierno de entender el proceso argentino”, sostuvo. “¿Quién va a venir a invertir en un país con un gobierno que solo piensa en gobernar por medio del veto y del DNU y pierde en institucionalidad? Nadie», advirtió.
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