Por el intento de magnicidio de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la fiscal Gabriela Baigún pidió condenas de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 años para Brenda Uliarte, a quienes acusó de haber planeado y ejecutado el atentado del 1 de septiembre del 2022. Para Nicolas Carrizo, señalado como jefe de los “Copitos”, solicitó su absolución.
Asesinar a la entonces vicepresidenta fue “una decisión adoptada previamente por ambos” con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”, y en la que existió una carga de “violencia de género”, expusieron la Fiscalía General N° 3 y la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que presentaron este miércoles sus alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 6.
El Ministerio Público Fiscal pidió condenarlos por tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego. A Brenda Uliarte la calificaron de partícipe necesaria, mientras que Sabag Montiel lo consideraron autor. Además, sobre él pesan los delitos de receptación ilegítima y portación ilegal de arma de guerra.
En cuanto a Carrizo, había quedado involucrado en el caso porque en las primeras horas creyó que la pistola que se usó en el atentado era suya. En varios mensajes de WhatsApp dijo haberle prestado una a Uliarte. Sin embargo, independientemente de esos chats, durante el debate no se pudo comprobar que alguna vez haya tenido un arma ni que tuviera conocimiento previo del plan criminal. En el mismo sentido que la fiscalía ya se había pronunciado la querella en la audiencia pasada. La defensa del tercer acusado pidió su excarcelación, y el TOF N° 6 está en condiciones de resolverla.
La pareja “se infiltró entre la multitud que se había congregado frente al domicilio de Cristina, simulando ser simpatizantes de la misma”. Según reconstruyó la fiscal Baigún, el principal acusado portaba esa noche “sin la debida autorización legal” una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Bersa, cargada con cinco proyectiles y apta para disparar.
“Una vez que se encontraba a escasos centímetros de la doctora Fernández de Kirchner, -Sabag- apuntó contra su rostro y gatilló en una oportunidad. El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió, y cuando se disponía a recargar nuevamente fue interceptado por la multitud que se encontraba en el lugar”, dio por probado la acusación.
Con las pruebas recabadas durante la investigación, la Fiscalía sostuvo que Sabag Montiel fue al menos dos veces a Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, los días previos al atentado “para evaluar cómo era la llegada” de la expresidenta a su domicilio y “cómo era el contacto que tenía con los simpatizantes desde que bajaba del auto hasta que entraba a su vivienda”.
El propio acusado reconoció durante una declaración indagatoria que la idea no fue espontánea, y admitió haber estado en las inmediaciones del departamento de la expresidenta “para vender copitos y estudiar el panorama”. De acuerdo a la interpretación fiscal, en ese momento estaba definiendo la forma en la que iba a perpetrar el atentado, el cual habría decidido cometer al menos dos semanas antes del 1 de septiembre.
Una de las muestras de esto son los mensajes de WhatsApp que envió Sabag Montiel al grupo “I am Juan”. En la noche del 15 de agosto expresó por ese medio: “Yo quisiera conocer a Cristina, hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo”. “Voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo ahí si voy a salir en Crónica en serio”, insistió una semana más tarde.
Al referirse a las pruebas digitales, la fiscal Baigún lamentó que se haya perdido “la mayor parte de la información que contenía” el celular del acusado, que se reseteó a sus valores de fábrica antes de que lograran peritarlo, “por lo que se desconocen gran parte de las conversaciones que mantuvo Sabag en fechas cercanas al hecho”.
Sobre el cierre del alegato, Baigún pidió unificar las eventuales condenas de los acusados con las penas que ya recibieron en otras causas paralelas.
De esta manera, la fiscal pidió que Sabag Montiel reciba una sentencia condenatoria total de 19 años de prisión -ya purga otra por 4 años y 3 meses- y para Uliarte 14 años y dos meses -le habían dado un año por falsificación de DNI-.
Fallos en la cadena de custodia
La Fiscalía hizo una minuciosa recapitulación de todo lo que ocurrió con el teléfono de Fernando Sabag Montiel. Según expuso Baigún, llegó a Juncal y Uruguay con el dispositivo apagado porque no tenía batería. Se lo secuestró la Policía Federal Argentina pasada la medianoche y lo colocaron en un sobre papel madera, y este a su vez dentro de otro sobre Faraday, diseñado específicamente para impedir cualquier transmisión de ondas electromagnéticas.
Entre otros presentes, el jefe de la División de Cibercrimen de la PFA trasladó el celular a Comodoro Py 2002 “sin desprenderse del bolso en ningún momento”, dijo la fiscal, y se lo entregó en mano al perito Alejandro Heredia, de la misma fuerza.
La extracción forense se realizó esa misma madrugada en el Juzgado Federal N° 5, de la jueza María Eugenia Capuchetti y se dejó registro fílmico de todo el procedimiento.
El perito Heredia encendió el teléfono y la pantalla prendió normalmente, pero tenía 0% de batería y se apagó. Lo enchufó para cargarlo, y mientras tanto siguió con el análisis del chip y la tarjeta de memoria, siempre de acuerdo a la reconstrucción de la acusación.
Una vez encendido, el dispositivo funcionaba normalmente. El software Cellebrite UFED no logró desbloquearlo y tampoco se conocía el patrón de seguridad.
Ante ese primer intento fallido, el secretario del Juzgado puso el celular en un sobre de papel madera abrochado y lo metió en una caja fuerte. “Quedó bajo la esfera del personal del Juzgado y luego fue entregado a la cabo Priscila Santillán, custodia de la magistrada”, estableció la Fiscalía.
Santillán llevó durante la noche del 2 de septiembre del 2022 el sobre a las oficinas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza. Cuando declaró ante la Justicia, “negó que el sobre estuviera abierto, dijo que a simple vista parecía cerrado”.
Aseguró además haber dejado el paquete en una mesa, lo perdió de vista y luego todos los presentes notaron que el sobre estaba abierto, con el teléfono afuera.
Contrariamente, tres funcionarios de la PSA declararon que Santillán entró “con el sobre doblado debajo de su brazo, y que cuando lo entregó inmediatamente se dieron cuenta de que se encontraba abierto, el celular encendido y con un ‘error’ que aparecía en la pantalla”, continuó la fiscal Baigún.
Desde entonces el dispositivo nunca volvió a prender, ni se pudo acceder a la información que contenía.
“No cabe duda de que existió una irregularidad en la cadena de custodia desde que el celular sale del Juzgado”, alegó la titular de la Fiscalía General N° 3.
Expertos de la Gendarmería Nacional Argentina peritaron el teléfono, pero no lograron establecer la causa del error irreversible. Un perito de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal, aportó que “el reseteo pudo obedecer a la manipulación del teléfono durante la pericia o a la interacción con la herramienta UFED”.
“En cada peritaje los expertos juegan al límite para intentar sortear las medidas de seguridad, y eso puede derivar en un reseteo a los valores de fábrica”, afirmó la fiscal de juicio.
El TOF N° 6 concluyó la audiencia de este miércoles con un cuarto intermedio que durará hasta el 10 de septiembre, cuando se retomará el proceso con los alegatos de las defensas.
