Al día siguiente de que el Gobierno redoblara esfuerzos para respaldar a Mario Lugones frente a la crisis por la comercialización de fentanilo contaminado por la laxitud de los controles en la órbita de la cartera sanitaria nacional, el ministro de Salud participó de un congreso organizado por el sector privado. Habló de “despilfarros”, un crecimiento desmedido del ministerio desde hace años, un sistema de salud en crisis e insistió, una vez más, en que la salud es responsabilidad de las jurisdicciones. Al escándalo que lo tuvo estos días en el ojo de la tormenta, en cambio, no hizo referencia alguna. Y cerró con una inesperada arenga electoral.
Minutos antes, en el VI Congreso de Salud Adecra+Cedim, tres ministros provinciales habían coincidido en la necesidad de encarar negociaciones unificadas con la Nación para comprar en conjunto medicamentos por volumen a mejores valores y, también, de acordar una serie de ejes y objetivos sanitarios estratégicos comunes a todos los distritos dada la tensión financiera que atraviesa el sistema de salud argentino.
Son temas que suelen abordar los ministros en las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Esta vez, frente a un auditorio con representantes de clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico, volvieron sobre algunos de esos puntos en los que no terminan de ponerse de acuerdo. Además de Lugones, que cerró el encuentro en el auditorio del hotel Sheraton Pilar, en un panel anterior participaron los ministros Ricardo Pieckenstainer, de Córdoba; Fernán Quirós, de la ciudad de Buenos Aires, y Martín Regueiro, de Neuquén.
“Para nosotros, la salud y la educación son jurisdiccionales porque eso es lo dice la Constitución Nacional”, arrancó el funcionario de Javier Milei en el mismo escenario que acababan de abandonar sus pares provinciales, con quienes cruzó saludos.
Tras remontarse a gestiones anteriores, habló de “años de despilfarros” que deterioraron la salud pública y de cómo, a la par, en esos años el Ministerio de Salud nacional fue aumentando de tamaño.
“Creció mucho, no se imaginan cuánto y nada más para que las provincias tocaran timbre para pedir un equipo, que le pongan un hospital o comprar medicamentos, mientras decían que los dineros provinciales eran para hacer un muy buen sistema público. Las consecuencias son que no tenemos un sistema público”, señaló Lugones, a la vez que criticó el manejo de la seguridad social. “Sirvió para que todo el sistema se fuera descomponiendo cada vez más. Estamos en un momento crítico porque el sistema se fue desfinanciando por todo lo que se fue creando y armando. Muchos son curros legales”, lanzó. Apuntó ahí con dos ejemplos a los colegios médicos como intermediarios.
Como lo hizo en su primera aparición pública a poco de asumir el cargo el año pasado, se refirió al Hospital Garrahan. “Dije [en aquel momento] que el equipo de salud estaba muy mal pago y que estaba bien que reclamaran, pero que había que pedirlo en el hospital porque ahí está la plata”, repasó.
A un auditorio con administradores de centros privados, sector del que proviene, el ministro preguntó: “Si ustedes tienen un hospital con 550 camas, ¿qué cantidad de personas deberían trabajar ahí? Son 6400 personas, incluidas las empresas tercerizadas. ¿Y cuánto presupuesto tiene este año el Garrahan? US$220 millones, sin tener que salir todos los meses a buscar que le paguen los financiadores para pagar facturas. El hospital que se dice desfinanciado tiene un presupuesto de US$220 millones y más de tres administrativos por médico, lo que es una constante en el sistema público”.
Una vez más, insistió en que el ministerio tiene que ser un “ente rector” para ordenar el sistema. “Los prestadores deberían ser provinciales y las provincias no se quieren hacer cargo”, expresó en relación con los hospitales nacionales. Lugones había manifestado la intención de pasar esos centros en la órbita de su ministerio a las jurisdicciones donde funcionan: provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. En los distritos condicionaron esa propuesta a recibir, también, el presupuesto necesario.
Silencio sobre el fentanilo contaminado
Durante la presentación no hubo referencias a la investigación sobre las muertes asociadas a las ampollas de fentanilo contaminado que salieron al mercado por deficiencias en los controles a cargo de la Anmat, que se investigan en un sumario administrativo interno y en la Justicia Federal. Sí habló, en cambio, de los obstáculos con que cada gestión se encuentra al tratar de dar con información en la estructura del Ministerio de Salud. “Nos cuesta conseguir la información”, reconoció Lugones. “Encontrar la información nos cuesta mucho”, agregó.
Se refirió además a otro frente de conflicto que sumó su cartera, como con los colegios médicos. “Estamos con problemas con la COFA [por la Confederación Farmacéutica Argentina], que se cartelizó con la licitación de los pañales [para los beneficiarios de PAMI] y hay una denuncia en la Comisión de Defensa del Consumidor”.
Cuando ya se cumplía el tiempo para concluir el encuentro, habló de la necesidad de la reforma laboral “para saber cómo se va a financiar el sistema de salud” y de la reforma previsional. “No podemos seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Este sistema de salud es un rompecabezas: a cada problema de salud se le fue buscando una solución”. Acto seguido, pidió “apoyo e ideas” del sector privado. “Voten como tienen que votar”, finalizó en un inesperado tono electoral.
