Han pasado tres meses desde el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos de los colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y aún persisten más dudas que certezas.
De acuerdo con la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, lo que existe hasta el momento son trece personas detenidas: seis presuntamente vinculadas con la logística del ataque y otras siete acusadas de narcomenudeo y robo. Lo que no se tiene es al asesino material, quien de acuerdo con las autoridades no era un sicario común, sino alguien con entrenamiento especializado, ni el arma utilizada. Mucho menos se ha identificado a los autores intelectuales y el móvil del crimen.
Una investigación convertida en asunto de Estado
El avance más reciente fue presentado en conferencia de prensa por la fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján. Sin embargo, lo más revelador fue la confirmación de que todo el aparato federal participa en la indagatoria: Ejército, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
Este nivel de involucramiento confirma que los asesinatos son considerados un asunto de Estado, tratados bajo la hipótesis de un posible atentado del crimen organizado. No obstante, otra línea de investigación apunta a que pudo tratarse de un ajuste de cuentas interno en el grupo político que controla Iztapalapa, bastión de Brugada durante casi una década.
El mensaje a Brugada
Las autoridades detallaron que el ataque fue planeado con tres semanas de anticipación y que incluso hubo un intento fallido previo el 14 de mayo. La intención, según la hipótesis oficial, era un doble asesinato con carga simbólica, dirigido a enviar un mensaje directo a Brugada.
El hermetismo alrededor del caso es tal que incluso el nombre de quien sustituyó a Ximena como secretaria particular de la jefa de Gobierno permanece bajo reserva por motivos de seguridad. Este detalle sugiere que la amenaza sigue latente y que quienes ordenaron el crimen podrían intentar otro golpe.
Hipótesis políticas y silencios oficiales
En los sepelios de las víctimas, integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), organización cofundada por Brugada, señalaron que se trató de un “trabajo interno”. Esa hipótesis se convirtió en la línea de investigación paralela que sigue el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
El caso es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pese a diferencias con Brugada, desplegó de inmediato al gabinete de seguridad. Durante las primeras semanas, Brugada informaba a Sheinbaum diariamente en Palacio Nacional.
Sin embargo, la información pública sigue siendo escasa. No se han mostrado imágenes del C-5 ni de cámaras privadas que documenten minuto a minuto la ruta de los atacantes. Tampoco se explicó cómo se determinó la participación de seis detenidos en el asesinato, ni qué datos aportaron las matrículas de los vehículos involucrados.
Un expediente con candados
De acuerdo con Riva Palacio, la investigación parece prácticamente cerrada en papel, pero con información aún reservada. No se sabe si algún día se revelará la verdad completa o si terminará como el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, donde nunca se conocieron los autores intelectuales ni el móvil, pese a que hay más de una decena de sentenciados.
