El Senado se encamina a rechazar de manera definitiva cinco decretos que reformaban organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA y el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Es el segundo cachetazo legislativo para el Gobierno en apenas 24 horas: ayer la Cámara de Diputados dio el primer paso para insistir con la emergencia en discapacidad y convirtió en ley la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La sesión continuará con un temario explosivo para la Casa Rosada. En la agenda figuran otros dos puntos centrales: la sanción de un presupuesto para las universidades, la declaración de la emergencia en salud pediátrica por dos años
Todas estas iniciativas ya pasaron el filtro de Diputados, de modo que si el Senado les da luz verde se convertirán en ley.
El detalle de los decretos
El más controvertido es el 461/25, que disolvió Vialidad Nacional sin establecer qué organismo asumirá sus funciones. La Cámara de Diputados lo rechazó con 138 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones. Publicado el 8 de julio, desató un fuerte conflicto con el gremio vial, que consiguió un amparo judicial contra la medida.
También generó resistencia el decreto 462/25, que dispuso una profunda reestructuración del INTA y el INTI. Entre sus cambios más sensibles, eliminó el Consejo Directivo del INTA, lo reemplazó por un Consejo Técnico y estableció que el organismo sea conducido por un funcionario con rango de secretario designado directamente por el Poder Ejecutivo.
En la misma línea, el decreto 345/25 dispuso la reestructuración de organismos culturales: convirtió en “unidades organizativas” de la Secretaría de Cultura a los institutos nacionales del Teatro y de la Música, al tiempo que absorbió a los institutos Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. También disolvió los directorios de la Conabip y de la Comisión Nacional de Monumentos.
El decreto 351/25, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quitó la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y lo trasladó a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la Jefatura de Gabinete. Además, modificó su esquema de conducción: quedará a cargo de un director general técnico designado por el Ejecutivo, con requisitos de formación en genética forense y un mandato de cuatro años.
Por último, el decreto de necesidad y urgencia 340/25 estableció un régimen de excepción para la marina mercante nacional.
El debate
Silvina García Larraburu (Río Negro), de UP, fue la senadora que abrió el debate. Pidió “ser conscientes” y rechazar el decreto 462/25. “No hay una Argentina posible si destruimos nuestra matriz productiva, si seguimos sometiendo al sistema científico tecnológico a este escarnio”, argumentó.
Su colega de bancada, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, de UP, defendió el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) -cuya estructura se reforma en el decreto 462/25- y apuntó contra el “porteñismo” al que acusó de “no entender” a las economías regionales. “Para [Federico] Sturzenegger -ministro de Desregulación del Estado-, el INV es una sigla pero para nosotros significa aportar y proteger a los pequeños productores, a las bodegas, y es irremplazable: es el instituto más federal que existe”, consideró.
El fueguino Pablo Blanco, de la UCR, se refirió a todos los decretos en general y señaló que “la arquitectura institucional del Estado no se destruye con la derogación de sus leyes sino que a veces basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica, retirando autonomía presupuestaria”. Evaluó, además, que las normas fueron dictadas al amparo de la Ley Bases pero “exceden los límites de la delegación legislativa”.
El senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro (UP) se enfocó en el decreto 351/25, que le arrebató la autonomía al BNDG y acusó al Poder Ejecutivo de ir en contra de la búsqueda de “memoria, vedad y justicia”. “Bajo el verso del ajuste y la eficiencia van a ajustar a un icono a nivel nacional e internacional que tiene un gasto de funcionamiento de 37 personas”, sentenció.
La cordobesa Alejandra Vigo, aliada al gobernador Martín Llaryora, calificó al decreto 461/25, que disuelve Vialidad Nacional, como un “certificado de defunción” de la obra pública. “No hay país en el mundo que no se desarrolle con obras de infraestructura”, consideró. Se manifestó, también, en contra del resto de los decretos. Sobre el que reforma el BNDG fue tajante: “Representa un retroceso inaceptable porque ponen en riesgo una política pública que se ha venido trabajando y construyendo con muchísimo esfuerzo”.
Guadalupe Tagliaferri (Pro), referenciada con Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la lógica de los decretos. Dijo que el gobierno “elimina sin ningún otro motivo más que eliminar”. Como ejemplo, señaló al INTI: “Es un sello de calidad de la Argentina en el mundo entero. Es el que calibra las balanzas cuando importamos o exportamos granos. Un gobierno que dice permanentemente que tiene problemas de ingreso de divisas, eliminar el INTI es claramente pegarse un tiro en los pies”.
El salteño Juan Carlos Romero, que funcionó como un aliado de la Casa Rosada, anticipó su abstención. “El INTA es emblemático en todo el país y cumple una misión fabulosa, pero también es cierto que desde el 2003 han duplicado los empleados y no sabemos si se han duplicado los resultados de las investigaciones o la producción”, consideró.
Inicio de la sesión
El quorum se consiguió con la presencia de casi todo el arco opositor de Unión por la Patria (UP), Pro, el radicalismo y los bloques provinciales, además de dos presencias llamativas: Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA). El resto del bloque libertario llegó después de iniciada la sesión. También Carolina Losada, de la UCR y dos referentes Pro aliados a Patricia Bullrich: Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling.
Hubo un faltazo en UP que no pasó desapercibido: el del salteño Sergio “el Oso” Leavy, que el último domingo rompió con el PJ de su provincia, disconforme con la candidatura a senador de Juan Manuel Urtubey. Se postuló para renovar su lugar en la Cámara baja por fuera de Fuerza Patria, el nuevo sello de unidad del peronismo. “Se complicó el tránsito”, justificaron en UP.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ingresó al recinto a las 11.15 y esperó sentada en el estrado hasta que se logró el quorum.
Al comienzo de la sesión se prestó acuerdo a una serie de ascensos diplomáticos y militares.
Presupuesto universitario
El recinto ahora discute el proyecto universitario, ya aprobado en Diputados, que apunta a dos ejes. Por un lado, actualiza por inflación -con retroactividad al año pasado- los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología. Desde este año, se establece un ajuste bimestral automático.
El segundo eje se centra en los salarios: obliga al Poder Ejecutivo a convocar paritarias cada tres meses y fija como piso de incremento mensual el índice de inflación. También actualiza becas estudiantiles en forma automática y dispone auditorías obligatorias de la AGN en todas las universidades.
La Cámara baja aprobó la iniciativa con 158 votos afirmativos, 75 negativos y cinco abstenciones. La oposición estuvo a un voto de alcanzar los dos tercios, un símbolo político de peso para un proyecto que, de ser sancionado, podría enfrentar un nuevo veto presidencial, como ocurrió el año pasado.
Emergencia pediátrica
La ley de emergencia pediátrica contempla una recomposición salarial para médicos, enfermeros y residentes que atienden población infantil, con un piso equivalente al ingreso real de noviembre de 2023. Exime del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias, tanto en el sector público como privado; autoriza la compra directa de insumos esenciales y obliga al Ejecutivo a financiar las medidas con fondos de contingencia sanitaria.
Incluye, además, una cláusula vinculada a las reformas impulsadas por el Ministerio de Salud: busca garantizar la “continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad” del sistema de residencias médicas. El Gobierno, en paralelo, abrió la posibilidad de que los residentes elijan entre dos tipos de becas (Ministerio o Institución), decisión que desató malestar en el sector.
En Diputados, el proyecto fue aprobado por dos tercios: 159 votos afirmativos, 67 negativos y cuatro abstenciones. El rechazo se concentró en el oficialismo libertario, la mayor parte de Pro y algunos radicales y provinciales aliados de la Casa Rosada.
