Mediante la Resolución 1199/2025, se transfieren obras inconclusas a provincias y municipios, que deberán asumir el financiamiento y aplicar un sistema de recupero de fondos. Se garantizan excepciones para hogares vulnerables.
El Gobierno Nacional oficializó esta semana la disolución de los principales programas de vivienda, en el marco de una política de reordenamiento de la obra pública y búsqueda de eficiencia fiscal. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1199/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, y establece un nuevo esquema de financiación descentralizada para las obras en curso.
Según el documento oficial, quedan derogados los siguientes programas:
- Programa Federal Argentina Construye
- Plan Nacional de Suelo Urbano
- Programa Casa Propia – Construir Futuro
- Y otras normativas vinculadas al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y al ex Ministerio de Obras Públicas.
A partir de ahora, provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán asumir el financiamiento de los proyectos inconclusos, en caso de que el Estado Nacional no cubra los desembolsos previstos. En caso de incumplimientos contractuales, la Secretaría de Obras Públicas podrá recuperar los fondos y dar por terminado el convenio.
Principales directrices del nuevo esquema
- Sistema de recupero de fondos: Los adjudicatarios deberán abonar cuotas que no superen el 30% de sus ingresos familiares, garantizando accesibilidad.
- Actualización por UVI: Los fondos a devolver se ajustarán según la Unidad de Vivienda (UVI), y se iniciarán acciones judiciales si no se reintegran en los plazos establecidos.
- Excepciones: Se contemplan exenciones totales o parciales para hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas y beneficiarios de urbanizaciones en villas y asentamientos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la medida como “un avance significativo” que permite destrabar miles de obras inconclusas, especialmente aquellas vinculadas al extinto plan Procrear.
La resolución también deroga más de diez normativas anteriores, al considerar que no se ajustan a los criterios de eficiencia fiscal que exige el contexto actual. El nuevo esquema busca reducir la carga presupuestaria nacional y promover la responsabilidad compartida en la ejecución de políticas habitacionales.
