Desde su apertura el 1° de julio, el centro de detención migratorio Alligator Alcatraz ha sido objeto de múltiples denuncias. No solo por las condiciones precarias de los reclusos, sino también por cuestione ambientales. En ese sentido, diversas organizaciones y la tribu indígena Miccosukee señalaron riesgos para los humedales y especies en peligro de extinción de los Everglades. Tras evaluar estos reclamos, la jueza federal Kathleen Williams dictó que el gobierno federal y el estado de Florida deben detener el envío de nuevos inmigrantes y comenzar un proceso de desmantelamiento.
Por qué ordenaron desmantelar el Alligator Alcatraz
La orden judicial preliminar establece que el gobierno incumplió los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), al no realizar estudios de impacto antes de construir y operar el complejo. La demanda había sido presentada por colectivos ambientalistas y por representantes de la tribu Miccosukee, quienes advirtieron que la infraestructura afectaba el suministro de agua, los humedales y la biodiversidad local.
“El proyecto crea daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”, argumentó la jueza.
El fallo preliminar —el caso continuará con la discusión y resolución— especifica que, aunque no se permite expandir la instalación ni recibir más detenidos, sí se autoriza realizar reparaciones de seguridad y acciones de mitigación para reducir riesgos ambientales durante el proceso de cierre. Además, señala que cualquier ampliación del campamento, como nuevas construcciones, pavimentación o cercado adicional, queda prohibida.
El tribunal también recalcó que la jurisdicción para analizar la demanda corresponde al Distrito Sur de Florida. Esta decisión confirma que tanto las agencias federales como las estatales están obligadas a cumplir las leyes ambientales en proyectos de este tipo.
“Está bastante claro que estamos ante una jueza que no nos va a dar una oportunidad justa en esto”, dijo antes del fallo Ron DeSantis, según lo retomado por The New York Times. El martes 19 de agosto, el gobernador de Florida manifestó que esperaba un revés judicial.
Impacto ambiental de Alligator Alcatraz en los Everglades
El emplazamiento de Alligator Alcatraz se encuentra dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, un área reconocida por su fragilidad ecológica. Según expertos que participaron en el juicio, la construcción de más de 74.322 metros cuadrados de pavimento alteró el flujo natural del agua, lo que generó escorrentías que podían contaminar el ecosistema con sustancias químicas y nutrientes dañinos.
La iluminación industrial del complejo también fue señalada como un factor de perturbación para especies nocturnas, mientras que el aumento del tráfico vehicular incrementó los riesgos de atropellos a la pantera de Florida, considerada en peligro de extinción. El ruido constante, el movimiento humano y la reducción del hábitat afectaron tanto a la fauna como a la calidad de vida de comunidades cercanas.
Además, los demandantes destacaron que la expansión proyectada del centro habría añadido aproximadamente 167.225 metros cuadrados adicionales de pavimento, lo que habría agravado los efectos negativos sobre la restauración de los Everglades, un plan multimillonario federal y estatal en curso desde hace décadas.
Qué pasará con los detenidos en Alligator Alcatraz
Mientras se cumple la orden judicial, los inmigrantes alojados en Alligator Alcatraz deberán ser reubicados por las autoridades. El fallo no establece de manera directa cuál será el destino de estas personas, pero prohíbe que nuevos detenidos ingresen durante el proceso de desmantelamiento.
En semanas recientes, organizaciones de derechos humanos denunciaron que los internos se encontraban en condiciones de hacinamiento, sin acceso constante a representación legal y con problemas de salud relacionados con brotes infecciosos. Estos señalamientos se sumaron a las demandas ambientales, lo que reforzó la presión sobre el gobierno federal, liderado por Donald Trump, y el estado de Florida.
De acuerdo con lo dispuesto por la jueza, las instalaciones podrán mantenerse solo en la medida necesaria para garantizar seguridad, pero sin ampliar capacidad ni recibir nuevos internos. La administración deberá comunicar un plan de traslado y definir alternativas para los inmigrantes actualmente retenidos.
Qué pasará con Alligator Alcatraz: se define su futuro
En los próximos 60 días, el gobierno federal y el estado de Florida deberán coordinar el retiro de los inmigrantes detenidos y la remoción de las instalaciones temporales. La jueza Williams estableció que cualquier incumplimiento podría derivar en sanciones adicionales.
La decisión deja abierta la posibilidad de que el caso siga en apelación, pero la orden preliminar tiene efectos inmediatos. Por ello, tanto el desmantelamiento como el traslado de internos deberán iniciarse sin esperar la resolución de instancias superiores.
