Javier Milei creía que sería un paseo libertario el camino hasta las próximas elecciones; es un calvario. Las revelaciones de supuesta corrupción de funcionarios mileístas, las crueles luchas internas en el Gobierno y la oposición hurgándole los recursos públicos al Presidente, conforman el escenario del tormento. “Están choreando”, es la frase más iridiscente de la supuesta y verborrágica catarsis que Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, hizo en una conversación grabada. Él asegura que le contó al Presidente los hechos de corrupción, pero este hizo que lo desmintieran. La filtración de esa conversación es ilegal, como toda conversación privada que toma estado público, salvo que la haya ordenado un juez. No es este caso. Todavía no se sabe con certeza si fue una grabación hecha por algún electrón suelto de los servicios de inteligencia, o si la realizó alguna empresa de medicamentos afectada por la presunta corrupción a favor de otra compañía, o si fue un audio de WatsApp enviado por Spagnuolo a un interesado en el negocio.
A Milei le tocó la mala hora, pero frente a él están solo la desintegración y la ruina
Todo hace suponer que se trató de una conversación en un lugar público (bar o restaurante) porque en la edición de la grabación fue eliminada la voz del interlocutor del exfuncionario –si es que hubo un interlocutor-, pero se oyen voces lejanas propias de las confiterías. Estamos, por lo tanto, ante una versión editada de esa grabación o audio, lo que le agrega escasa legitimidad a la ilegalidad. Spagnuolo, antiguo amigo de Milei y un visitante asiduo de la residencia de los presidentes en Olivos, disparó directamente contra la hermanísima Karina y contra el principal colaborador de esta, Eduardo “Lule” Menem, que hizo su carrera en la política como secretario privado de uno de sus tíos, el exsenador Eduardo Menem. Spagnuolo llegó a precisar en esos audios una cifra: entre 500 y 800 mil dólares mensuales que aquel dueto de funcionarios percibiría como sobornos por la compra de medicamentos que el Estado les entrega a los discapacitados. Hasta consigna el nombre de la droguería beneficiada, que es, obviamente, la misma que habría pagado las coimas. En la conversación que se conoció no se escucha a Spagnuolo nombrar a Martín Menem. La aclaración viene a cuento porque se habló de “los dos Menem” y, en verdad, el aludido es uno de ellos, no los dos. Spagnuolo fue expulsado del Gobierno después de que se negara a renunciar. Exigió que la renuncia se la pidiera su amigo, el Presidente, y ahora, ya controlado por la Justicia, analizaría, según el rumor que circula entre preocupados funcionarios, convertirse en imputado colaborador del juez y del fiscal. El exfuncionario contó en esa grabación probable que le había llevado la historia a Javier Milei y que fue en esa conversación cuando le dijo que “están choreando”. La forma de expresarse ante el Presidente, si es que se expresó ante él, muestra la confianza que había entre ellos. Es llamativo, por más ilegal que sea la difusión de esa voz cargada de acusaciones con nombres y apellidos, que el primer despedido del Gobierno haya sido quien hizo la denuncia, Spagnuolo, antes incluso de una primera y elemental investigación del caso. Ni Spagnuolo ni el Gobierno desmintieron esa grabación y tampoco la denunciaron como una fake news. Al contrario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó la investigación en manos de la Justicia y aclaró que él no pone “las manos en el fuego por ningún funcionario”, aunque aclaró que confía en Karina Milei y en “Lule” Menem. De todos modos, Francos tiene razón cuando dice que el deber de Spagnuolo como funcionario público era denunciar el delito que supuestamente conocía antes de comentarlo como si se tratara de vecinos charlatanes. Genio y figura del equilibrista Francos. Si hubiera existido una intervención de los servicios de inteligencia en el caso debieron “caminarlo” a Spagnuolo, como llaman los espías al seguimiento personal de las personas, hasta que lo encontraron en el lugar indicado y en el momento oportuno, justo cuando hablaba de las coimas eventuales. Se trataría, en todo caso, de algún espía haciendo un trabajo autónomo para alguien que nadie conoce. Santiago Caputo, que tiene sus diferencias con la señora Milei y que es en los hechos el jefe de la SIDE, no es un analfabeto político ni un suicida como para hacer semejante operación contra la única persona que nunca perderá en las varias e intensas luchas internas oficialistas. Esta persona es, precisamente, la hermana del Presidente. Para peor, el mismo día en que se conoció la grabación de Spagnuolo, la Cámara de Diputados resolvió destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $Libra, que el propio Presidente difundió y pocas horas después dejó de propagar. El caso provocó importantes ganancias y muchos perdedores que apostaron tras la difusión presidencial porque el valor de la criptomoneda cayó verticalmente cuando luego Milei dejó de divulgarla. También colocó en el centro de la sospecha a su hermana, porque ella fue referida por uno de los creadores de la moneda virtual, el norteamericano Hayden Davis, como su nexo con el jefe del Estado. Una comisión investigadora parlamentaria no tiene facultades para condenar a nadie, pero puede urdir un ensordecedor ruido político. Habrá ruido y habrá escándalo. “Habrá una comisión funcionando la próxima semana y lo primero que pedirá la oposición será la indagatoria de Karina Milei”, anticipó un diputado cercano al Gobierno. Sin embargo, los problemas reales vendrán de parte de la Justicia con el caso de las supuestas confesiones de Spagnuolo. El expediente sobre esa filtración cayó en manos del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. Mala suerte para los Milei: Picardi fue un alto funcionario de Cristina Kirchner en el Ministerio de Justicia cuando Julio Alak y el camporista Julián Álvarez estaban al frente de esa cartera. Estén de acuerdo o no con su pasado, lo cierto es que Picardi actuó hasta ahora según la obligación de cualquier fiscal. “La Justicia tiene que juntar más pruebas y testimonios, porque lo primero que harán los imputados será cuestionar la legalidad de la difusión de conversaciones privadas grabadas sin autorización de un juez”, opinó otro fiscal. ¿Hubo una conspiración de antiguos aliados? Puede ser, pero la pregunta es otra: ¿hubo o no hubo corrupción? Si hubo deshonestidad en el manejo de los medicamentos para los discapacitados, cualquier conjura posterior era -cómo no- posible.
En el Congreso lo aguardaba a Milei otra estación de su vía crucis. Solo dos diputados le salvaron el superávit al Presidente. Sus nombres no se pueden precisar porque quedaron entreverados en la confusión de una tarde de sublevaciones en Diputados. El aumento de las jubilaciones y del bono que perciben los jubilados que menos cobran, sumado el rechazo de los diputados al veto del proyecto de ley que dispuso la emergencia en discapacidad, podrían haber licuado el superávit de las cuentas públicas con el que cacarea Milei. Le rechazaron el veto sobre la discapacidad, pero los opositores perdieron por aquellos dos votos la posibilidad de anular el veto del Presidente al proyecto sobre las jubilaciones. Al día siguiente, el Senado dispuso duplicar el presupuesto universitario con una mayoría que podría anticipar el rechazo del seguro veto presidencial a ese aumento. Es la menos popular de las decisiones del Congreso, según cualquier encuesta, pero la política está demasiado interesada en los recursos universitarios. Todo sucedió en dos días ingratamente consecutivos. Entre las jubilaciones y el bono acumulaban un gasto del 0,7 por ciento del PBI y las prestaciones a los discapacitados un 0,4 por ciento. Un total del 1,1 por ciento para un superávit primario previsto del 1,3 por ciento, según el presupuesto de 2025 enviado al Congreso por el Gobierno y que nadie, ni Gobierno ni oposición, quisieron tratar nunca. Pero el proyecto sobre las jubilaciones quedó definitivamente vetado por Milei. A su vez, la iniciativa del Congreso duplicaría el presupuesto universitario, que pasaría de 4000 millones de pesos a más de 8000 millones. Los discapacitados y el hospital Garrahan no pueden esperar, aunque el Gobierno debió terminar rápidamente la auditoría que dispuso sobre la cantidad de discapacitados reales que hay en el país. La auditoría es necesaria porque durante los gobiernos del matrimonio Kirchner esas pensiones aumentaron en un 1217 por ciento, según el sitio Chequeado. Los Kirchner recibieron una administración con 78.585 pensiones por invalidez y la entregaron con 1.034.000 personas beneficiadas. No hubo en esos doce años de Néstor y Cristina Kirchner una monumental catástrofe ni una guerra larga y destructiva. Milei dio de baja el año pasado a 110.000 pensiones truchas. Pero nadie termina la auditoría. La anomalía es inhumanamente injusta con los discapacitados que realmente necesitan de la asistencia del Estado porque el manejo político de esos recursos les resta el apoyo indispensable.
¿Qué pasará con Milei después de sus días más difíciles desde que es presidente? Nada que cambie dramáticamente en lo inmediato el paisaje político, según los mejores analistas de opinión pública. El resultado en la provincia de Buenos Aires está discutido, aunque la posibilidad más señalada por los encuestadores es la de una derrota del Presidente en ese distrito. Un mes y medio después ocurrirán las elecciones nacionales para elegir diputados y senadores nacionales. Ningún encuestador pronostica para entonces, en cambio, una derrota del oficialismo, pero la marcha de la economía y la evolución de los escándalos por supuesta corrupción podrían modificar el porcentaje del triunfo. Una victoria del 40 por ciento o más sería importante para el oficialismo; con menos de eso, no cambiaría demasiado la relación de fuerzas en el Congreso. La ventaja del Presidente es que no tiene adversarios nacionales con los que perder. El peronismo está incapacitado para emprender una renovación, aunque el cristinismo y La Cámpora, que fue la cantera política de Cristina Kirchner, se están agotando irremediablemente. Existen aisladas insurrecciones, pero ninguna tiene el tamaño necesario como para construir un proyecto nacional de renovación justicialista. La lideresa peronista está presa por corrupción y todavía la esperan dos juicios orales también por hechos corruptos: el de los cuadernos y el de lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces. La senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti anunció el jueves en una solemne reunión del cuerpo que integra el voto del interbloque “Unión por la Plata”, dijo en lugar de pronunciar su nombre verdadero, que es Unión por la Patria. Las palabras, conscientes o inconscientes, revelan al final cómo fue todo.
¿Qué posición tendrá la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones legislativas? Silencio. Nadie sabe nada. El radicalismo desapareció, aunque es la organización política con la más grande estructura partidaria nacional y tiene (¿o tenía?) 134 años de vida. Ahora se transformó en una cofradía de partidos provinciales, donde algunos gobernadores eligieron el acuerdo electoral con el mileísmo, como Alfredo Cornejo en Mendoza, y otros rechazaron las leoninas imposiciones de Karina Milei, como Gustavo Valdés en Corrientes. Lejos de ellos, muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires decidieron acompañar la boleta de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. El radicalismo tiene su organización más importante en Córdoba, pero la hermana del Presidente quiso que su líder actual, Rodrigo de Loredo, figurara tercero en una eventual lista con La Libertad Avanza. “No a cualquier precio”, rechazó De Loredo, que había hecho notables esfuerzos para aliarse con el mileismo. El radicalismo ni siquiera forma parte de la discusión pública. “El Pro tiene muchos problemas internos, disidencias y deserciones, pero está en la discusión pública”, reconoce una de las caras más conocidas del radicalismo. Es cierto: a Milei le tocó la mala hora, pero frente a él están solo la desintegración y la ruina.
