Una sentencia reciente de un tribunal alemán sobre el uso comercial del “Hombre de Vitruvio” de Leonardo da Vinci por parte de una empresa alemana fabricante de rompecabezas vuelve a colocar en el centro del debate jurídico internacional una vieja tensión: ¿hasta dónde puede un Estado extender su potestad sobre el patrimonio cultural que le pertenece?
El caso enfrentó a la Gallerie dell’Accademia de Venecia y al Ministerio de Cultura italiano con una compañía alemana fabricante de juguetes que utiliza la imagen de la célebre obra de Leonardo en sus productos, destinados al mercado internacional. La posición italiana se fundaba en el Código de los Bienes Culturales y del Paisaje de ese país, que exige una autorización para el uso comercial de ciertos bienes culturales, incluso por entidades extranjeras.
El tribunal alemán, sin embargo, rechazó esa pretensión. Se amparó en el principio de territorialidad del derecho: las normas italianas, por más loables que sean, solo pueden desplegar efectos dentro del territorio de ese país. Pretender otra cosa supondría violar uno de los principios básicos del derecho internacional.
Este fallo pone en evidencia una tensión latente entre dos nociones de cultura: por un lado, la cultura como bien nacional, que debe ser protegido por el Estado que lo alberga; por el otro, la cultura como patrimonio compartido de la humanidad, que circula y se transforma más allá de las fronteras.
Aquí subyace la noción de ius culturae, entendida no ya como criterio de nacionalidad (como en los debates sobre ciudadanía en contextos migratorios), sino como derecho humano fundamental: el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, a acceder al patrimonio común y a reproducirlo en nuevas formas.
Desde esta óptica, el derecho a la cultura no puede quedar rehén de legislaciones que, aun con la loable intención de proteger el patrimonio, lo inmovilizan. El “Hombre de Vitruvio” es sin duda parte del alma italiana, pero también es parte del imaginario universal. Negar su uso fuera de Italia sobre la base de normas locales plantea interrogantes no solo jurídicos, sino también éticos y políticos.
Y esto lleva a una pregunta mayor: ¿puede un Estado nacional monopolizar la gestión de lo que ya se ha vuelto universal? La decisión alemana sugiere que no. Tal vez el desafío contemporáneo consista en lograr un equilibrio entre la protección responsable del patrimonio y la garantía de un acceso libre, respetuoso y creativo a los bienes culturales que, como el Hombre de Vitruvio, trascienden toda frontera.
