La investigación se intensifica tras los allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad y la firma Suizo Argentina
En la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Justicia ordenó el análisis forense de los teléfonos móviles, la documentación y los sobres con dólares incautados durante los últimos allanamientos, convertidos ahora en piezas clave para dilucidar el entramado de presunta corrupción que salpica a la Casa Rosada.
El peritaje quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Hasta el momento, se encuentran bajo análisis dos dispositivos de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, uno hallado en su hogar de Pilar y otro en un vehículo; el teléfono de Emmanuel Kovalivker, empresario de Suizo Argentina, junto a 266 000 dólares distribuidos en siete sobres y 7 millones de pesos; y el celular de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, cuya clave fue entregada voluntariamente por el propio funcionario.
El juez federal Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Franco Picardi, dispuso al menos catorce allanamientos simultáneos, que incluyeron la sede de la ANDIS, la droguería Suizo Argentina y domicilios particulares vinculados a los protagonistas. En dichos operativos se secuestraron además documentación contable y una máquina contadora de billetes, y se aplicó el secreto de sumario sobre las actuaciones.
Los peritos enfrentan el desafío de recuperar información bloqueada en equipos de alta seguridad, como los iPhone incautados, por lo que utilizan técnicas avanzadas de desbloqueo y volcado de datos. El objetivo es extraer audios, mensajes y archivos que permitan reconstruir el supuesto circuito de retornos ilegales en la compra de medicamentos y contratos estatales.
En paralelo, el Gobierno tomó medidas de gestión interna: el exdirector Spagnuolo fue removido preventivamente por decreto y el interventor Alejandro Alberto Vilches asumió al frente de la ANDIS con mandato de auditar la gestión y presentar informes en un plazo de 180 días. Fuentes oficiales destacan que la estrategia es dejar que la investigación judicial siga su curso antes de realizar declaraciones públicas sobre el fondo de la causa.
Como próximo paso, los investigadores revisarán la documentación secuestrada para cotejar montos, nombres y destinatarios de los posibles sobornos. Mientras tanto, la Cámara de Diputados convocó a reunión de la comisión investigadora del caso, a fin de darle seguimiento político a las novedades que surjan del peritaje y los allanamientos.
