Es domingo por la noche y la temperatura marca 10 grados. Claudia está abrigada solamente con una campera de plush color beige, zapatillas de lona y un pantalón jogging gris. Está sentada en la entrada de un supermercado en el barrio de Villa Urquiza con su hija de cuatro años al lado, su beba de ocho meses en brazos, un cochecito roto y un bolso con algo de ropa. Hace varios días que se quedó sin el trabajo que le permitía pagar la pieza de la pensión en donde dormía y ahora la avenida Triunvirato se convirtió en el lugar en el que espera una solución y trata de encontrar algunos minutos de paz antes de que el dueño de algún comercio la eche de la vereda. Ir a los refugios que ofrece el gobierno porteño no es una opción para ella. “Tengo miedo de que me roben las cosas y no sé qué le puede pasar a ellas tampoco”, dice mientras señala a las niñas.

La historia de Claudia se repite en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los bancos de las plazas. En la entrada de los edificios. En la rampa de acceso a los bancos. En las paradas de colectivos. En las estaciones de tren. En los asientos del subte. En la mayoría de las cuadras -sobre todo en las zonas más concurridas- hay un adulto con uno o más niños que duermen en sus brazos. Juegan sentados a su lado y estiran la mano cuando pasa alguien por la vereda.

Ante estas situaciones, la administración de Jorge Macri dice tener una determinación: llegar hasta la última instancia para que los niños no estén en la calle, aunque esto implique actuar para que la Justicia los separe de los adultos y les quite la custodia. Durante el último semestre de 2024 se dictaron 15 medidas excepcionales en esta línea.

Bajo esta premisa, en febrero del año pasado, el gobierno porteño creó el protocolo “Cero niños en calle”, que endureció el manejo de niños en condiciones de vulnerabilidad. Si bien la situación de calle ya era considerada un factor de riesgo en las gestiones anteriores, con la nueva normativa pasó a tener la misma jerarquía que otros casos graves de vulneración de derechos, como el maltrato o el abuso sexual infantil. Además, hace hincapié en la necesidad de actuar con inmediatez y de aplicar medidas de protección directas para niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Así, advierten, se busca “garantizar una respuesta institucional efectiva que proteja los derechos de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad y riesgo”. “Con el protocolo pudimos afinar el mecanismo y articular todo para dar una mejor intervención”, indican a LA NACION desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Esto implica llegar a extremos, como avanzar para remover la tutela de los menores.

Si bien el gobierno porteño despliega recorridas callejeras en momentos particulares del año -como ocurre con el Operativo Frío, que asiste a personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas-, en estos casos, la asistencia se realiza a demanda: los vecinos se comunican telefónicamente con la línea 108 de Atención Social Inmediata para denunciar y ahí se da inicio al protocolo.

En la sede de la Red de Atención, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal, los teléfonos suenan las 24 horas, los siete días de la semana. Pese a eso, en la sala en donde casi una decena de operadores responden a los llamados y derivan las denuncias a los equipos de profesionales del Ministerio solo se escuchan murmullos leves. Vestidos con la campera amarillo chillón que también lucen las camionetas que salen a hacer los recorridos, miran fijo las pantallas de las computadoras en donde no paran de aparecer nuevos casos y nuevas personas que necesitan ayuda.

En teoría, el protocolo funciona de la siguiente forma: cuando se denuncia la presencia de un menor en la calle, los especialistas del Programa Buenos Aires Presente (BAP) realizan lo que se denomina un “abordaje de familias de riesgo”. Esto consiste en invitar a las familias a que, de forma completamente voluntaria, se acerquen a alguno de los 47 Centros de Inclusión Familiar (CIS). La decisión depende exclusivamente de cada adulto y el personal de la Red de Atención no puede obligarlos.

Según datos aportados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos años se redujo casi un 100% la cantidad de casos de niños que viven de forma crónica en la calle, lo que contrasta con el cuadro cotidiano que se puede ver día y noche en el AMBA. Un relevamiento publicado en 2024 por Unicef arrojó que el número de menores en “situación crónica” de calle en la Argentina aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023, lo que equivale a aproximadamente 1,8 millones de niños y niñas sin hogar.

“El tema de la calle es cada vez más complejo. No es lo mismo hoy que hace 5 o 10 años atrás, se profundizó la situación con el tema del consumo de alcohol, drogas u otras sustancias. Los chicos en la calle no pueden estar ni un solo día porque quedan expuestos a situaciones de violencia o de consumo”, indican desde el Gobierno porteño.

El ministro de la cartera porteña, Gabriel Mraida, detalla a este medio: “Los convocamos a los Centros de Inclusión Familiar y ahí hacemos casi todo: les damos apoyo habitacional; los ayudamos a tramitar el DNI en caso de que no lo tengan o lo hayan perdido; los acompañamos por si no saben cómo hacerlo; les conseguimos vacantes en las escuelas y jardines que estén ubicados cerca de los centros. Todo eso hasta que el adulto acomode su vida”.

En algunos casos puede ocurrir que, por distintas cuestiones, los adultos rechacen las políticas públicas ofrecidas por las autoridades y sostengan su presencia en la calle. Ante estos escenarios, la orden del gobierno porteño es taxativa: “Los chicos en la calle no”. Esto implica, en las situaciones más extremas, que por decisión de un juez -y a través del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNN) se les quite temporalmente o de forma definitiva la custodia de los menores a sus adultos responsables. “Los trabajadores sociales son los que evalúan la situación. Ellos ven una, dos, tres veces si les dan una chance más, si los adultos realmente están tratando de solucionar los problemas”, explican desde el Gobierno de la Ciudad.

La intervención de la Justicia

Cuando la Justicia determina la quita temporal de la guardia, se interviene y dictamina una medida de amparo cautelar que envía al menor a algún hogar hasta que los asistentes sociales consideren que los adultos “regularizaron su situación de vida”. “El Estado media como garante cuando hay vulneración de los derechos”, explica al respecto Carolina Videtta, abogada especializada en Derecho de Familia.

Una vez adoptada la medida de separación familiar dictada por el CDNNyA, el menor ingresa al sistema de cuidados alternativos a través de una familia de acogimiento o de un hogar de menores (en los que, en la Ciudad, actualmente viven 404 niños). Al presentar la cautelar, la Justicia también interviene para verificar que la situación amerite la decisión, ya que solo debe darse en casos que se consideren excepcionales por los actores del proceso judicial. “Si el Estado demuestra que se ofrecieron todas las políticas públicas existentes para evitar el desmembramiento familiar y eso no alcanzó para revertir la situación, ahí se habilita la adopción de estas medidas”, indica la letrada.

Este proceso sigue un hilo conductor como base, pero no funciona de forma lineal en todos los casos, ya que depende de la decisión que tome cada magistrado al tener en cuenta la historia de cada individuo. A su vez, este estado de protección es una resolución temporal, que según la ley no puede extenderse durante más de 180 días. Durante ese período, el Gobierno trabaja con los niños para que regresen con sus padres: el objetivo del plan de restitución siempre es que las familias puedan volver a unirse.

“Se trabaja con los progenitores, con los niños y con las redes de la familia”, dice Videtta y añade: “Hay un impacto psicoemocional en los niños. También hay una deficiencia: hay pocos lugares a donde pueden ir juntos si son grupos de hermanos de distintas edades y sexos. Entonces se produce el desmembramiento del adulto responsable y también la separación de los hermanos”.

En caso de que, tras el plazo establecido por la Justicia, la situación parental no se pueda resolver, entran en juego las figuras de adopción, guarda judicial o tutela. “Tiene que darse por cuestiones personales como adicciones o situaciones de abuso o violencia, no por falta de políticas públicas, porque eso sería responsabilidad del Estado”, advierte Videtta.

Y suma: “Ahí aparece el Código Civil y Comercial: si los niños no pueden estar con los padres, se trata que estén con un adulto de referencia, alguien con quien tengan un vínculo afectivo o parte de la familia ampliada. Si no cuentan con estas opciones, se pasa a la adopción tradicional: el organismo administrativo dictamina y le dice al juez que el niño está declarado para ser de situación de adoptabilidad. La Justicia evalúa por última vez las condiciones y, si determina el proceso como correcto, extingue el vínculo jurídico con los progenitores y entra en el sistema de adopción”.

Las fallas en el sistema

Los procesos que llegan a determinar si un niño puede ser devuelto con sus familias o bien debe continuar con el proceso de adopción llevan mucho más tiempo del determinado por la ley. “Es una falencia del sistema. Debería durar 180 días, pero, en la realidad, eso no sucede”, lamenta la abogada y discrepa con lo planteado por el gobierno porteño: “Todo esto va de la mano de políticas públicas. Al trabajar con un grupo familiar, si le querés dar un turno no te lo dan ni para hoy ni para mañana, te lo dan con un mínimo de seis meses para adelante. Es difícil si tengo seis meses para trabajar y el sistema público no me ofrece los recursos necesarios”.

Y cierra: “La gran falla de todo esto tiene que ver con la falta de políticas públicas. Los niños están en una franja de absoluta vulnerabilidad social: si tuviésemos políticas fuertes y que dieran respuesta a una problemática, no tendríamos la cantidad de gente en situación de calle que tenemos”.

Desde la administración porteña apuntan directamente contra el gobierno bonaerense, ya que aseguran que muchas de las personas que se ven en las calles de la Ciudad durante el día provienen de diferentes distritos del conurbano bonaerense. “Siempre tratamos de que la provincia se haga cargo y haga algo, pero no hacen mucho. Nunca hubo de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires una iniciativa o algo de diálogo para intentar solucionarlo”, remarcan.

Al ser consultados por este medio al respecto de estas declaraciones, desde el gobierno bonaerense afirman que su única respuesta es “el trabajo que se viene haciendo”. “Tenemos en marcha la Campaña Invierno y la red de Centros de Integración Social, más los dispositivos móviles y articulación con los municipios”, dicen fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, comandado por Andrés “Cuervo” Larroque.