Con menos de un año para que el presidente Gustavo Petro acabe su mandato como presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue avanzando en las investigaciones por presunta violación de topes de campaña en 2022.
De hecho, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada llevaron a cabo una investigación de más de dos años que derivó en la radicación de un proyecto de resolución.
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Esta investigación concluye que hubo una violación de los topes de financiación en la campaña presidencial, alcanzando una suma que superaría los 3.500 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta, según información revelada por Caracol Radio.
La propuesta establece sanciones administrativas para el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente de campaña, así como para otros directivos y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica involucrados en el proceso electoral.
El texto de la ponencia, que alcanza casi 600 páginas, será presentado este martes 26 de agosto ante la Sala Plena del CNE, según conoció el medio radial. Con la radicación de este proyecto, se abre la expectativa en torno a la postura que adoptará el tribunal, pues el desenlace dependerá de la correlación de fuerzas entre los dos bloques: uno, vinculado al Pacto Histórico, con cuatro magistrados; el otro, con cinco integrantes fuera de ese espectro.
El bloque de cinco magistrados conformado por Álvaro Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz jugará un papel crucial en la definición de la ponencia sancionatoria propuesta contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y otros directivos.
La situación obliga a la designación de conjueces, ya que las decisiones del tribunal electoral requieren al menos seis votos para ser aprobadas, según las normativas vigentes.
En esta oportunidad, la magistrada Alba Velásquez no podrá intervenir en la discusión ni en la votación, porque enfrenta dos recusaciones tras haber actuado como testigo electoral, postulada por la campaña de Petro en ambas vueltas presidenciales. Ante este contexto, se prevé que la definición del caso requerirá conjueces, conforme lo establece la ley.
En cuanto al cuerpo de la ponencia, los magistrados del Centro Democrático y Partido Liberal pidieron una millonaria sanción para el actual presidente de Ecopetrol, además de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, según información revelada por El Colombiano, Hernán Prada y Benjamín Herrera dejaron por fuera los costos relacionados con los polémicos vuelos que abordó el entonces candidato Gustavo Petro y que fueron pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué.
Sin embargo, el documento sí incluyó los aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), además de los aportes por 500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Los magistrados también mostraron análisis de pruebas sobre los aportes del partido Polo Democrático y una factura pagada a Caracol Televisión.
