A partir de agosto de 2025, el organismo suspenderá Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor cuyos titulares no residan permanentemente en Argentina.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que aplicará estrictos controles del requisito de residencia para mantener activos los beneficios previsionales. A partir de agosto próximo, se dará de baja automáticamente toda pensión que no cumpla con la condición de residencia permanente en el país.
El requisito principal para conservar tanto la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como las Pensiones No Contributivas consiste en residir de manera continua en Argentina. Si el beneficiario establece su domicilio en el exterior o se ausenta por períodos prolongados, perderá el derecho a cobrar el beneficio.
Para las pensiones por discapacidad, además de la residencia, se exigirá contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) prorrogó la validez de los certificados hasta 2026, pero los titulares deben tramitar la revalidación cuando corresponda para evitar la baja automática.
La nueva política se formalizó mediante la Resolución 918/2024, publicada en el Boletín Oficial, que avala los controles de ANSES sobre las condiciones de los beneficiarios y busca garantizar la correcta asignación de recursos estatales.
Para asegurar la continuidad del cobro, los titulares deberán:
- Acreditar residencia efectiva en Argentina mediante constancias de domicilio o certificados de empadronamiento.
- Renovar el CUD antes de su vencimiento, siguiendo los plazos establecidos por Andis.
- Mantener actualizados sus datos en la base de ANSES y atender cualquier requerimiento de presentación de documentación.
ANSES recomienda a los beneficiarios consultar periódicamente el estado de sus prestaciones a través de la web oficial o la línea telefónica 130, y acercarse a las delegaciones locales en caso de recibir notificaciones de incumplimiento.
Con estos controles, el Gobierno busca depurar el padrón de pensiones y concentrar los recursos en quienes efectivamente cumplen con los requisitos legales para acceder a la prestación.
