Un operativo de alcance mundial permitió desbaratar una red vinculada a la tenencia, producción, facilitación, transmisión, y distribución de material de abuso sexual infantil, con el despliegue de 73 procedimientos en nuestro país, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En la Argentina se realizaron más de 70 allanamientos que posibilitaron la aprehensión de 22 personas y el secuestro de gran cantidad de dispositivos electrónicos.
El despliegue formó parte de la quinta etapa del operativo internacional denominado Aliados por la Infancia, cuyo principal objetivo consiste en desbaratar redes de producción e intercambio de material de abuso sexual infantil. La pesquisa local estuvo coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y encabezado por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. El análisis de las plataformas ICACCOPS y CPS, fueron clave para identificar usuarios en redes P2P vinculados a la distribución de material de Abuso y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a LA NACION, tras la realización de tareas de verificación de domicilios – de diferentes usuarios que compartían y difundían imágenes pornográficas de menores-aportados por la Unidad de Cibercrimen, se llevaron a cabo operativos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.
En total, los investigadores incautaron 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento, 150 equipos electrónicos, cuatro elementos no digitales, 32 notebooks, 20 computadoras, 11 tablets y un arma.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, se procedió con la detención de 13 personas – 12 varones y una mujer – de entre 29 y 80 años. Además, los efectivos pudieron dar con el paradero de dos menores convivientes que quedaron bajo resguardo judicial. En este contexto, se decomisaron nueve computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una consola PlayStation 3 y una cámara HD.
En Río Gallegos, en tanto, los jueces Yamila Bórque, Gerard Giménez y Fernando Zanetta, a cargo respectivamente del Juzgado de Instrucción N°2, el Juzgado de Instrucción N°3 y el Juzgado Penal Juvenil, ordenaron diez allanamientos simultáneos en los que fueron demorados para su identificación cuatro personas de entre 20 y 42 años, mientras que cuatro menores quedaron a disposición de la justicia.
Durante los operativos en la capital santacruceña se secuestraron 14 teléfonos celulares, 11 pendrives, seis notebooks, dos discos externos, tres CPU, dos tarjetas de memoria, una memoria RAM, dos consolas de videojuegos, un televisor Smart, un decodificador Roku, además de documentación y material de interés para la causa.
“Los pedidos de alerta desde España – que influyeron en el despliegue de los procedimientos – tienen que ver con el consumo de material de abuso sexual infantil. Son alertas tempranas que da un sistema que va detectando los lugares dónde se consume este tipo de material. Hemos encontrado menores involucrados y adultos y tenemos incautados dispositivos telefónicos, dispositivos móviles, tecnológicos y material pornográfico”, advirtió el jefe de Delito Organizado del Sur, comisario mayor Luis Poblete.
Además, según informaron fuentes oficiales a LA NACION, en la ciudad de Posadas, Misiones, los efectivos detuvieron a un hombre de 55 años, tras la realización de los allanamientos dispuestos por la Procuración General de Misiones, junto a la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y el juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte. En este escenario, se decomisaron computadoras, servidores y teléfonos celulares.
La investigación se desplegó bajo el encuadre legal de los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que sancionan la tenencia, producción, descarga, divulgación, y distribución de material de abuso sexual infantil, así como el grooming (acoso sexual en línea). Los informes iniciales, que advertían en una primera instancia lo ocurrido, fueron emitidos en Estados Unidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). A partir de ello, se derivaron las alertas a las autoridades judiciales argentinas.
En los operativos colaboraron también distintas fuerzas de seguridad especializadas: la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional, y la División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina.
Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, en Perú, ocho personas fueron arrestadas. Los procedimientos fueron coordinados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, que encabezó allanamientos en el distrito de Ventanilla.
De acuerdo con la investigación, los detenidos habrían estado involucrados desde 2024 en la captación, almacenamiento, distribución y comercialización diaria de imágenes y videos de abuso sexual infantil, utilizando para ello medios digitales y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.
El operativo estuvo dirigido por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra, quienes además dispusieron el secuestro de teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes especializados como parte de las diligencias en curso.
