“El sistema acusatorio en la Justicia Federal, una reforma irreversible”, escribió en diciembre pasado en este diario el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Desde hace tiempo que el Gobierno quiere avanzar con el cambio en el procedimiento acusatorio en la Justicia Federal de la Capital, pero parece no actuar en consecuencia. Se trata de poner en marcha en forma plena el proceso acusatorio, que requiere muchas acciones del propio Gobierno con la provisión de cargos judiciales, reformas edilicias y una asistencia presupuestaria que no se vislumbran. Es contradictorio anunciar y dar la orden si no se actúa en la misma dirección: el primer comienzo, anunciado para el 11 de agosto ya se ha postergado y todo indica que, si no hay cambios urgentes –complicados en épocas de elecciones– tampoco llegará en la próxima fecha prevista ahora para noviembre. Un eventual cambio posterior en el gabinete nacional, que, como a todos sus integrantes, podría incluir al ministro de Justicia, lo podría dejar con una gestión vacía de contenidos.
Cuando ha pasado ya casi medio siglo de haber comenzado durante el gobierno de Raúl Alfonsín un proceso de transformación del sistema penal inquisitivo hacia uno oral acusatorio que se ajusta mejor a la filosofía de nuestra Constitución, todavía lo sigue esperando la capital de la República. El cambio, en síntesis, implica que en lugar de un juez penal que investiga y falla con un procedimiento predominantemente escrito (como el que entonces regía), comienza uno preferentemente oral, donde hay un fiscal que investiga y acusa, una defensa que actúa y un juez que no se involucra en la investigación, siendo por ello más imparcial a la hora de juzgar.
Es bueno aclarar que la reforma no suprime ni sustituye a los magistrados por los fiscales. Los jueces siguen “conociendo en los juicios” como dice la Constitución nacional. El fiscal no suplanta al juez: se suma al expediente como otro funcionario muy importante, pero en una tarea que no empequeñece a la otra. Los jueces tendrán, quizás, un rol que podría ser aún más relevante porque, al alejarse de muchas tareas que ahora van a recaer en cabeza del fiscal, tendrán más tiempo y libertad para analizar la prueba y fallar.
El cambio de aquel juez de instrucción a este esquema es crucial y representa una mejor calidad de justicia, más transparencia y más garantías para las partes y para la sociedad. Naturalmente, requiere muchos más recursos, por su mayor complejidad. Décadas atrás hubo un debate conocido como ‘tinta vs. saliva’ en el que el gran procesalista Mario Oderigo comparaba el proceso escrito como una producción industrial en cadena, en tanto que veía a la oralidad algo más artesanal, mejor pero más compleja y costosa.
Al sancionarse en 2014 el Código Procesal Penal Federal, la gestión del ministro de Justicia Germán Garavano avanzó con el proceso acusatorio en la Justicia Federal en muchas provincias. Con el cambio de gobierno en 2019, a cargo de Alberto Fernández, la implementación, que se había proyectado en forma gradual, sufrió una pausa, y es lo que el actual ministro quiere corregir en esta gestión y ya lo ha hecho en algunas jurisdicciones.
La implantación del sistema acusatorio todavía requiere varias acciones. La incoherencia de requerir la implementación sin facilitar los elementos es notoria. Respecto de los recursos materiales, podría suponerse que la actitud del Gobierno no difiere de otras que se toman en otras áreas y que se traducen en que “no hay plata”. El aumento del presupuesto no ha sido, por otra parte, bien precisado y justificado. En lo que hace a los recursos humanos, la situación es crítica. Un tercio de los cargos de magistrados está vacante y no se perciben esfuerzos para agilizar los acuerdos de designación. Esta deuda, que se arrastra de gestiones anteriores, se agrava con el paso del tiempo. Incluso el fuero Penal Económico, con solo dos de seis magistrados, se ha sumado a la postergación. También faltan fiscales, según reclamos del Ministerio Público. Sin embargo, fuentes especializadas sostienen que esta carencia podría paliarse con el uso de auxiliares. Respecto de las reformas edilicias, el Consejo de la Magistratura ha difundido avances interesantes y la Cámara Federal de Casación Penal creó los Colegios de Jueces en la Justicia Federal para la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py.
Fuentes autorizadas afirman con datos empíricos que no es que falten recursos, sino que falta voluntad. Lo atribuyen a discutibles razones políticas por no considerarlo algo prioritario para el Gobierno, pero quizás sea más probable atribuirlo a un cierto desgano para enfrentar el cambio que sin dudas es preciso provocar. A más de diez años de la sanción del Código, no hay excusas para no haber tomado las medidas necesarias. Si el Gobierno desea dejar una marca significativa en su gestión, es imperativo que actúe con coherencia y facilite los recursos correspondientes a las estructuras judiciales.
Para que el sistema acusatorio finalmente se ponga en marcha en la Justicia Federal de la Capital se necesita un esfuerzo decisivo entre el Gobierno, las cámaras judiciales y el Ministerio Público. Solo así la Constitución y su espíritu de justicia imparcial y transparente podrán llegar de una vez por todas a Comodoro Py.
