La reciente condena a siete años impuesta a un menor de edad por el atentado y homicidio al exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el parque el Golfito, en Fontibón, ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones aplicadas a adolescentes en el sistema judicial.
Esto llevó a que congresistas colombianos presentaran proyecto de ley que condenaría hasta 60 años a menores de entre 14 y 18 años por delitos similares.
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Según explicó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en entrevista con La FM, el marco legal vigente establece que, en estos casos, no se utiliza el término “pena”, sino “sanción”, conforme a lo dispuesto por el Código de Infancia y Adolescencia.
En el caso que ha generado controversia, la sanción se redujo en un año debido a la confesión del delito por parte del menor. Bernate detalló: “Por eso seguramente que la sanción era de ocho, pero la redujo en un año atendiendo que el menor de edad había confesado su delito”.
En sus palabras: “Sería muy grave que Colombia desconociera la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y lo propio con las reglas de Beijing”.
Desde el ámbito legislativo, el representante a la Cámara, Andrés Forero, expresó que existe una percepción social de que las sanciones impuestas a menores resultan insuficientes frente a la gravedad de ciertos delitos: “A uno le parece que estos 7 años de no una pena, sino una sanción, pues en cierta manera puede ser reducida, pero entendemos que este es el marco legal que existe hoy en el país”.
El congresista también alertó sobre el aprovechamiento de estas diferencias legales por parte de estructuras criminales, que ven en la legislación vigente un incentivo para reclutar menores. “Esto constituye un incentivo para que recluten a estos menores”, advirtió.
Forero consideró: “Me parecería una fórmula interesante. En el caso de un asesinato, yo creo que a los 14 años ya la persona tiene criterio suficiente para saber lo que está haciendo”.
El legislador enfatizó que el propósito de estos cambios sería disminuir el incentivo que tienen las organizaciones ilegales para instrumentalizar a adolescentes en la comisión de crímenes graves. “No se lo eliminará del todo posiblemente, pero sí por lo menos minimizar ese incentivo”, concluyó.
