La alarmante ineficacia del Estado para brindarle protección a su máxima autoridad y la incapacidad de las representaciones políticas para procesar sus diferencias dentro del espacio previsto a ese efecto por las instituciones quedó fielmente reflejado por los incidentes de anteayer en Lomas de Zamora. Javier Milei fue agredido mientras encabezaba un acto proselitista a favor de los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Un episodio con similitudes al del atentado contra Cristina. Sobre todo por la deficiente prestación del operativo de seguridad y las custodias oficiales.
La aparente pasividad de la vigilancia en el caso de la expresidenta es investigada por la Justicia, cuya inacción justificaría que la corrupción sea el principal problema para el 36,9 por ciento de los consultados por Latam Pulse Intel, la alianza entre la consultora brasileña Atlas Intel y Bloomberg que acertó en vaticinar la victoria de Milei en 2023. Los audios del extitular del Andis, Diego Spagnuolo, trascendieron mientras se realizaba el informe.
Pero Latam Pulse registró en febrero a la corrupción como una de las tres primeras preocupaciones. En julio alcanzó el podio y desplazó al desempleo y la inflación. Probablemente la consecuencia más visible en la caída del crédito en mayo que sostenía la actividad y que tal vez proyecte su sombra sobre la producción por una nueva suba de las tasas.
Ese efecto negativo de una medida diseñada para mantener en alto la plataforma electoral del oficialismo, contener la inflación y el dólar, es admitido por las autoridades económicas. La inquietud por la corrupción rebrota en contextos recesivos. La estabilidad de precios es la herramienta a la que apela el Gobierno para prevenir la repercusión de esa política de ajuste en el caudal de votos, particularmente en el conurbano bonaerense, la mayor concentración de electores de todo el país y donde el resultado de los comicios puede definir el nivel de gobernabilidad de la administración central. Las listas de Fuerza Patria y La Libertad Avanza para las elecciones trasuntan la misma inquietud. Atraer el voto más fidelizado de cada fuerza para mitigar un ausentismo que podría alcanzar al 50 por ciento de quienes están en condiciones de sufragar.
Nahuel Sotelo habría sido sorprendido por las previsiones de Mayra Mendoza para sortear esa aparente adversidad con la que se toparán el 7 de septiembre las dos grandes coaliciones. Candidato a diputado provincial por la Tercera Sección, el secretario de Culto descubrió que la mayoría de las flotas de remises para esa elección fueron contratados anticipadamente en ese distrito por la intendente.
Si fuese cierta la anécdota que circuló el martes en la reunión que el embajador Diego Cánepa organizó para festejar otro aniversario de la Independencia del Uruguay, Mendoza tendría comprometidos 450 vehículos que deberían transportar 200 personas a cambio de 200 mil pesos por unidad. Unos cien millones de pesos para movilizar 90 mil electores distribuidos en cuatro cuadrículas de 50 viajes que supervisarían responsables en las escuelas en las que esos electores voten. Este método se replicaría, como mínimo, en Lanús, Berazategui y Avellaneda como un cálido tributo unánime a Martin Insaurralde. El autor intelectual de la iniciativa con la que el peronismo se recuperó en 2021 de la derrota en las PASO frente a Juntos, que ganó las elecciones generales por un poco más de un punto. Un tránsito en el que Insaurralde se convirtió en el jefe de Gabinete de Axel Kicillof y promovió el ingreso de los intendentes del conurbano a su gobierno.
Será el resultado el que determine si se trata de un espejismo de los peronistas conducidos por Cristina desde su prisión domiciliaria para alejar el fantasma de una derrota. El gobierno evaluaba ayer si presentar una denuncia penal por los sucesos en Lomas de Zamora. A diferencia del acto de la semana pasada en Junín, esta vez el gobierno nacional pidió y obtuvo colaboración de las autoridades locales para organizar la caravana con Milei.
Manuel Adorni no replicó la acusación de Patricia Bullrich contra Federico Otermín. El vocero presidencial omitió personalizar la responsabilidad por esos hechos de violencia. La ministra de Seguridad no tuvo participación en el operativo de Seguridad diseñado por la Casa Rosada. El municipio insiste que la presencia de funcionarios municipales fue ordenada por el intendente de Lomas de Zamora a pedido del Poder Ejecutivo.
Bullrich fue quien adelantó la probabilidad de presentar la denuncia que podría recaer en uno de los dos juzgados federales de Lomas de Zamora. Luis Armella tenía pendiente hasta ayer indagar a los dos detenidos por efectivos de la comisaría Primera. Armella es juez federal de Quilmes pero subroga el juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, de turno al momento de los incidentes. Federico Villena está a cargo del N°1. Villena tramitó la denuncia por fraude contra el titular de la Uatre, José Voytenko, que derivó en la intervención de Osprera, la obra social del sindicato de peones rurales. Ese y otros 12 casos aparecen en la denuncia presentada por los fiscales federales Cecilia Incardona y Sergio Mola contra Villena en el Consejo de la Magistratura por actuar fuera de su competencia y jurisdicción.
Marcelo Petroni, designado interventor de Osprera por el gobierno, dio de baja el contrato entre esa obra social y H Tech Innovation, de Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa. La denuncia contra Villena está paralizada en la comisión de Disciplina. Tal vez alguien concluya que lo mejor sea no remover nada.
Sebastián Pareja organizó la caravana en Lomas de Zamora. Pareja es el delegado de Karina Milei en la provincia y responde a Eduardo y Martín Menem. Los tres funcionarios sindicados por Spagnuolo por supuestos actos de corrupción. A Pareja se le atribuye un vínculo fluido con Sergio Torres a través de Ezequiel Corteletti para acelerar una renovación de la Corte bonaerense. Corteletti es relator de Torres que es vocal de una Corte con tres miembros y cuatro vacantes.
Torres pretende incidir en la designación de los nuevos miembros y acelerar la jubilación de Hilda Kogan y Daniel Soria. Kogan preside el cuerpo y también el jury que declaró admisible el juicio político a Julieta Makintach. Una aparente candidata a la Corte que habría intentado mejorar sus antecedentes convirtiéndose en protagonista de un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona. El motivo que la pondría al borde de ser destituida. Makintach podría haber evitado el juicio político si Kicillof hubiese aceptado su renuncia. El consejo del Asesor General de Gobierno de Kicillof, Santiago Pérez Teruel, habría sido clave para que el gobernador omita las supuestas presiones ejercidas por Torres y Sergio Massa para que lo haga. A Massa se le atribuye haberle sugerido a Makintach la realización del documental. Una versión desmentida por el entorno de Massa. Probablemente lo mismo que hará cuando trascienda que Valle Fértil es la marca de los comestibles que distribuye en campaña su candidato a concejal en Tigre, Sebastián Rovira. Seguramente sea una coincidencia desafortunada. Valle Fértil es el nombre de la sociedad anónima controlante del Banco Su Crédito. Elías Piccirillo había adquirido el 19 por ciento de Valle Fértil antes de ser detenido y sospechado de su participación en maniobras fraudulentas con permisos de importación durante la gestión de Massa en el Ministerio de Economía.
Kogan habría construido la unanimidad del jurado para avanzar contra Makintach. Pero también para archivar el juicio político contra Víctor Violini contra la opinión del ministerio Público fiscal. Violini es juez de Casación Penal y en la pandemia liberó prisioneros peligrosos valiéndose de una acordada de la Corte para evitar la propagación del Covid-9 en las cárceles. La Usina de Justicia efectuó una presentación ante la Secretaría de Enjuiciamiento Permanente para que Kogan revise esa decisión.
Igual que solía hacerlo con Karina Diéguez, la esposa de Torres, Kogan almozaría al menos una vez a la semana con Violini en La Plata. Conjeturas de una campaña enrarecida cuyo regreso a cierto orden perseguiría el gobierno para recuperar el centro de la escena. Lo que tal vez explique el giro copernicano de Guillermo Francos sobre los audios de Spagnuolo. Tras asegurar que no pondría las manos en el fuego por nadie, el jefe del Gabinete recapacitó y los juzgó como “una operación política de campaña”.
