El gobierno nacional convirtió en poco tiempo muchas de sus principales fortalezas en debilidades o, al menos, en motivos de duda, incertidumbre y preocupación. Errores no forzados que surgen de la improvisación, los caprichos, la carencia de suficiente personal político calificado y correctamente coordinado, las pujas por espacios de poder y los estilos de liderazgo disfuncionales. El problema de La Libertad Avanza no está en la debilitada y fragmentada oposición, en los obstáculos que le pone el sindicalismo ni mucho menos en las protestas orgánicas o espontáneas de una sociedad que con tolerancia y espíritu de sacrificio soportó una disciplina fiscal sin precedente con tal de recobrar algo de normalidad, estabilidad y previsibilidad en las decisiones cotidianas más básicas, que se veían totalmente entorpecidas por la irracionalidad y la discrecionalidad que predominaron en el gobierno anterior. Por el contrario: reside en sus propios métodos de gestión política y de acumulación de poder.
El Gobierno descontaba que la economía iba a ser una fuente permanente e incremental de buenas noticias. La convicción de que el déficit fiscal era responsable de todos los males y la valiente decisión de revertirlo de manera inmediata le daban al Presidente una seguridad inquebrantable. Hasta febrero de este año parecía tener razón. Ricardo Arriazu calculó que ese mes la economía se recuperaba a una velocidad inusitada y que la inflación podía quedar por debajo del 20% anual. Pero a partir de entonces las cosas se complicaron. Ni la salida (parcial) del cepo ni el acuerdo con el FMI (que implicó un incremento significativo en las reservas del BCRA) restauraron la confianza de la ciudadanía, que se lanzó presurosa a acumular dólares. Algunos especialistas consideran que el sistema de bandas de flotación es demasiado incierto para un país bimonetario como la Argentina, con una traumática historia de inestabilidad macroeconómica, incluidos 9 defaults de la deuda pública, que impiden al peso retomar su estatus de unidad de cuenta y reserva de valor. Otros apuntan a que el propio Gobierno incumplió el acuerdo con el FMI al decidir no avanzar con la acumulación de reservas pactada con el organismo. Finalmente, están quienes argumentan que esta volatilidad financiera se explica por la mala praxis en el reemplazo de las famosas LEFI, que implicó un resultado opuesto al que se pretendía: bajar las tasas de interés y promover el consumo antes de las elecciones. Prácticamente un “plan platita” violeta. Hoy, el costo del dinero está en niveles récord y los bancos tienen más de la mitad de sus depósitos atrapados en el Banco Central, que, además, los obliga a comprar títulos públicos. En consecuencia, a partir del segundo trimestre se fue frenando la recuperación y, en lo que va del tercero, experimentamos un apretón monetario que implica aún menos actividad económica.
Así, lo que en los primeros 14 meses era una fuerte sensación de alivio por la desaceleración de la inflación y esperanza de que esta vez podría ser diferente, que respaldaba las hipótesis más optimistas en materia del resultado electoral para LLA (de ahí la unilateralidad y la firmeza en la estrategia confrontativa en relación con Pro y otros aliados), comenzó a matizarse con una mezcla de malestar por el esfuerzo realizado, frustración por la falta de horizontes en materia de recuperación del ingreso para amplios sectores de la población y, en algunos nichos, saturación con el estilo agresivo, grosero y “poco presidencial” de Javier Milei.
Además, la narrativa en materia de lucha contra la corrupción era sólida. “Tenemos material como para hacernos un pícnic por mucho tiempo”, comentaba un funcionario con oficina en la Casa Rosa en junio de 2024. “Todos los días descubrimos un escándalo nuevo”. Reducir el tamaño y las atribuciones del Estado era la principal (¿única?) estrategia. El supuesto, a menudo verificable, de que “en toda la estructura del sector público hay pus” (mecanismos predatorios y oscuros de apropiación de recursos por parte de actores estatales y privados) le brindaba al oficialismo una argumentación sin fisuras. Eso se deshilachó: al principio de forma gradual y, en las últimas jornadas, de manera súbita. Desde mediados del año pasado, algunos observadores alertaban respecto de cuestionables mecanismos de recaudación de fundaciones ligadas al Gobierno, que organizaban eventos con precios extravagantes comprados por las principales empresas del país, a menudo en efectivo. A partir de febrero se sucedió un conjunto de eventos que resquebrajaron la reputación de la administración (criptogate, Scatturice, contratos con el Banco Nación, ahora el audiogate), a punto tal que el miércoles se vio al propio Presidente gritándole a un transeúnte en plena calle de Lomas de Zamora (en lo que iba a ser un acto de campaña electoral y terminó en escenas dantescas), “corruptos son los tuyos”.
Es entre cómico y absurdo que la narrativa libertaria insista en el “riesgo kuka”, en un contexto en el que los principales referentes del kirchnerismo sufren un estrepitoso desgaste en términos de opinión pública. CFK tiene prisión domiciliaria y está imposibilitada de ejercer sus derechos políticos. Máximo Kirchner no logró ser candidato a ningún cargo electivo en la provincia en la que supuestamente preside el PJ y parece más preocupado por enfatizar sus diferencias con Axel Kicillof que en capitalizar el escándalo que agobia al oficialismo. Por algo ella prefirió no ser candidata a presidenta en los dos últimos turnos electorales, y en su última presentación a senadora por la provincia de Buenos Aires, en 2017, obtuvo el segundo lugar detrás de Esteban Bullrich.
Respecto de los audios, hace más de medio siglo la ciencia política investiga el eventual impacto de los escándalos en términos reputacionales, electorales y, si las cosas se complican, de gobernabilidad. En la Argentina reciente tenemos el ejemplo de la compleja trama detrás del affaire Chocolate Rigau, que involucró a casi todo el arco partidario en la provincia de Buenos Aires sin mover el amperímetro en las urnas. El caso extremo es el de Cristina Fernández en 2011: en medio de escándalos que en el largo plazo terminaron con una condena, logró un récord de votos en el contexto de una economía en pleno crecimiento y de un clima especial por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Para dimensionarlo: obtuvo en primera vuelta casi el mismo volumen que Javier Milei en el balotaje de 2023. Si el bolsillo no está afectado, la corrupción tiende a pasar a un segundo plano. Basta recordar que con Carlos Menem buena parte de la sociedad hizo oídos sordos hasta 1997, cuando empezó a rechinar el modelo de la convertibilidad.
Es probable que el audiogate no impacte en los guarismos de las próximas legislativas, aunque está dejando huella en aspectos que se consideraban fortalezas de esta gestión: la confianza de la sociedad, que comenzó a oler una cierta hipocresía; la “marca Milei”, que el Presidente instaló en la Argentina y en el mundo (¿seguirá vigente la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca a pesar de todas estas sospechas? Si así fuera, ¿podrá acaso eludir las preguntas de los medios de prensa en la conferencia conjunta que protocolarmente siempre se ofrece en estos casos?), y, fundamentalmente, la cuota de poder que el Presidente tendrá para avanzar con sus reformas estructurales durante la segunda parte del mandato.
