El juez federal Edward Chen ordenó suspender las acciones judiciales en curso sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos que residen en Estados Unidos. El proceso quedará detenido mientras el Noveno Circuito de Apelaciones revisa un recurso legal que busca revertir la cancelación de este beneficio migratorio.
La decisión judicial sobre el TPS para Venezuela
Según el escrito del magistrado, el tribunal analizó los argumentos de las partes y resolvió que no habrá avances en las mociones de desestimación ni en un eventual juicio sumario, salvo que surjan circunstancias urgentes que justifiquen una intervención inmediata.
- “Previamente, el Tribunal ordenó a las partes que presentaran escritos suplementarios para determinar si se debía suspender temporalmente la resolución de las mociones de desestimación y de sentencia sumaria, en espera de la decisión del Noveno Circuito de Apelaciones”, recordó Chen.
- “El Tribunal ha recibido y revisado los escritos suplementarios de las partes y, por la presente, SUSPENDE el procedimiento hasta nueva orden”, detalló.
En la práctica, la pausa implica que el TPS otorgado en 2021, cuyo vencimiento está previsto para el 10 de septiembre, podría expirar sin una resolución oficial. Esto coloca a aproximadamente 300 mil venezolanos en riesgo de perder su estatus migratorio en cuestión de días.
El impacto del vencimiento del TPS en Estados Unidos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debía pronunciarse antes del 12 de julio de 2025 sobre la posible extensión del TPS 2021. Sin embargo, el silencio de la agencia generó incertidumbre entre los beneficiarios, quienes todavía esperan una actualización en la página oficial del DHS sobre el programa
La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, advirtió previamente que no existe una extensión automática de seis meses. Según detalló, hasta que el DHS publique un anuncio formal, no se puede asumir una prórroga del beneficio.
“Hemos visto a influencers y abogados de inmigración diciendo de forma irresponsable que el TPS de 2021 fue automáticamente extendido por seis meses, en vista de que el DHS no tomó una decisión 60 días antes del vencimiento del mismo”, dijo a través de sus redes sociales.
El plazo actual del TPS 2021 finaliza el 10 de septiembre. Si no se produce una determinación antes de esa fecha, cientos de miles de extranjeros podrían quedar expuestos a la pérdida de protección frente a la deportación y la imposibilidad de renovar permisos de trabajo.
La cancelación del TPS 2023 y el efecto legal posterior
El panorama se complica con el antecedente del TPS 2023, que fue cancelado en febrero por la administración federal. A pesar de que algunos beneficiarios tenían documentación vigente hasta 2026, el DHS estableció que cualquier documento emitido después del 5 de febrero carecía de validez legal.
El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema ratificó esta cancelación con una votación de ocho contra uno, lo que permitió que la decisión del gobierno entrara en vigor. Como resultado, miles de personas que dependían de esta nueva designación quedaron sin estatus migratorio y bajo riesgo de deportación.
El juez Chen, sin embargo, dictaminó el 30 de mayo que los beneficiarios que renovaron sus permisos antes de la cancelación mantienen validez temporal de su documentación hasta que se resuelva el litigio. Esto aplica alrededor de 5000 venezolanos, aunque no cambia la situación del resto.
El papel del Noveno Circuito de Apelaciones en la decisión del juez sobre el TPS
La Corte del Noveno Circuito de Apelaciones deberá evaluar si corresponde reinstalar el TPS para los venezolanos beneficiados en 2021 y 2023. De acuerdo con los demandantes, una decisión favorable podría extender la protección migratoria hasta octubre de 2026.
El 1° de agosto se llevó a cabo una audiencia en California, donde se presentaron argumentos en defensa de mantener vigente el beneficio para más de 600 mil personas. Aún no existe una fecha definida para el fallo, que podría tardar semanas o incluso meses.
Si el Noveno Circuito dictamina a favor de los beneficiarios, la administración federal tendría la posibilidad de apelar nuevamente ante la Corte Suprema. Esto prolongaría la incertidumbre sobre la vigencia del programa y mantendría el riesgo de deportación para los migrantes.
