El Ejército peruano declaró secreto de Estado cuatro adquisiciones y contrataciones militares por un total de 540 millones de soles, luego de que la Contraloría General de la República advirtiera sobre irregularidades y presunta responsabilidad penal de altos oficiales en el proceso de mantenimiento de helicópteros rusos Mi-17 y Mi-8. Hildebrandt en sus trece reporta que la resolución oficial, firmada por el comandante general César Briceño Valdivia el 29 de abril de 2025, fue filtrada al seminario por un alto oficial del Ejército en desacuerdo con la medida.
De acuerdo con la documentación, las compras incluyen 10 mil fusiles de asalto, 30 vehículos blindados 8×8, un sistema antitanques y el pago por ‘overhaul’ de helicópteros militares. El documento oficial está sellado como clasificado y argumenta que la medida busca reforzar la defensa frente a posibles agresiones y operaciones contra fuerzas irregulares. No ofrece detalles sobre los modelos, proveedores ni las condiciones contractuales de estos bienes.
El medio sostiene que esta decisión obtiene relevancia porque, horas antes, el Órgano de Control Institucional del Ejército había emitido un informe detallando presuntas irregularidades y responsabilidades penales en la contratación directa de la empresa Helicentro Perú para el overhaul de cuatro helicópteros Mi-8, servicio que costó S/ 96,9 millones.
Adelantos injustificados y penalidades omitidas
El informe de la auditoría, firmado por el auditor Andrés Iparraguirre Cabrera y remitido al ministro de Defensa Walter Astudillo, detalla componendas irregulares: el Ejército entregó un adelanto de S/ 29 millones sin justificación y evitó aplicar penalidades por S/ 8,4 millones a la empresa contratada por incumplimientos. Además, permitió que Helicentro Perú subcontratara servicios y fuera elegida pese a no contar con la autorización del fabricante ni la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
De acuerdo con el documento, el informe involucra penalmente a 16 oficiales del Ejército, con nombres como el entonces jefe del Ejército y ahora jefe de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, y el hoy comandante general César Briceño Valdivia. Figuran además altos mandos como Oswaldo Calle Talledo, Luis Carranza Vilahur y William Lozano Flores, actuales números dos, tres y cuatro del Ejército.
El mismo informe fue enviado a la Procuraduría Anticorrupción para la formulación de denuncias ante el Ministerio Público. El 5 de mayo, el Órgano de Control Institucional recibió un oficio de la Comandancia General ordenando archivar el informe y anular sus conclusiones, debido a la nueva clasificación “secreto de Estado” del expediente vinculado al mantenimiento de los helicópteros.
Auditor excluido y control institucional desplazado
El auditor Iparraguirre remitió el 21 de mayo un oficio a la procuradora anticorrupción Yudith Villegas Espinoza, pidiéndole “no hacer caso” al propio informe enviado semanas antes, debido a la resolución que clausuraba el proceso bajo reserva. Esta maniobra se produce después de que la Junta de Clasificación y Conservación del Ejército elevase el grado de confidencialidad al expediente y vinculados.
El medio consultó con la Procuraduría Anticorrupción, que habría presentado la denuncia, aunque hasta la fecha no obtuvo respuesta oficial. Entre las medidas tomadas, el 10 de junio, el Contralor General César Aguilar Surchichqui relevó al auditor Iparraguirre y designó a Nimia Chin Arce en su lugar, acompañando la eliminación del informe del sistema interno de la Contraloría.
El especialista en defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre opinó que el mantenimiento de aeronaves y adquisiciones como las reportadas no deberían clasificarse como secreto de Estado, pues se trata de operaciones técnicas de rutina.
“Eso no debería tener carácter secreto. En principio, un overhaul es un mantenimiento, no sé por qué tendría que haber tanto secreto. Porque en realidad es una repotenciación, no una adquisición de un arma de carácter defensivo u ofensivo que va a ser dirimente a un nivel estratégico”, explicó ante la consulta del semanario. También sostuvo que estos procesos deben auditorarse especialmente en contextos políticos frágiles, donde los gobiernos pueden buscar respaldo militar.
La reserva sobre estas compras y contrataciones recuerda procedimientos aplicados en los años noventa durante la gestión de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, cuando las adquisiciones de armamento se declararon secretas y no se supieron detalles hasta la caída de ese gobierno. Las actuales medidas replican aquella lógica y mantienen bajo secreto operaciones millonarias del Ejército peruano.
