Desde la administración libertaria hablaron de las tomas que se están generalizando en todas las universidades nacionales. Sigue el conflicto.
El conflicto entre las universidades y el Gobierno de Javier Milei parece estar cada vez más lejos de resolverse. El veto a la ley de financiamiento terminó por romper una relación que ya estaba tensa. Hay facultades tomadas por todo el país, tensión en Quilmes y desde Casa Rosada hablan de «delito».
Este martes amanecieron tomadas unas 42 casas de estudio pertenecientes a 19 universidades nacionales. Ayer se realizaron asambleas estudiantiles que en algunos casos incluyeron a personal docente y no docente para decidir los pasos a seguir. El jueves de esta semana hay un paro de actividades convocado por el frente sindical de universidades nacionales.
Quien salió al cruce de las medidas de fuerza fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. Anoche, con las facultades ya tomadas, el funcionario aseguró que «tomar una universidad es un delito«. En diálogo con La Nación+, Adorni acusó a los manifestantes de no «querer discutir el cómo estudiar mejor». «Nunca les importó (el presupuesto universitario)», completó.
Esta mirada tiene un problema: la Ley de Educación Superior que en su artículo 31 dice que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales. Sin embargo, sí podrían hacerlo a requerimiento de las autoridades universitarias o de un juez.
En este sentido, el portavoz oficial cargó las tintas contra los rectores. «La autoridad de la universidad es un rector así que en tal caso es responsabilidad de cada rector que los alumnos que quieran tener clase lo puedan hacer«, afirmó.