La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a cuatro años de prisión por la trama murciana de la ‘Operación Púnica’ al exconsejero murciano Juan Carlos Ruiz, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, la exdirectora general del Instituto de Turismo María Dolores Martín, el exjefe de gabinete José Fidel Saura y el empresario Alejandro de Pedro por los delitos de fraude y cohecho.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal impone penas menores, de un año de cárcel, a Jesús Norberto Galindo, ex secretario general del Instituto de Turismo; y a Agustín Alonso, así como medio año a los empleados de las empresas implicadas Sara Gargallo y Francisco Javier Bueno.
Y condena a siete años de inhabilitación para cargo público a Ruiz, Saura, Martínez y Galindo como responsables del delito de prevaricación administrativa.
LA OPERACIÓN REPUTACIONAL, UN ACTO DE CORRUPCIÓN
La AN considera que hubo una «concertación delictiva entre ellos, sujetos públicos y privados», para cometer un «acto de corrupción» que consistió «en el diseño y planificación de la operación reputacional –finalidad ajena al interés público–, como de la forma de sufragar ésta a través de uno o varios contratos administrativos amañados y de los actos delictivos concretos que comporta esta forma de actuar».
A juicio de los magistrados, la adjudicación en octubre de 2014 del denominado «Plan de Comunicación Digital del Instituto de Turismo de la Región de Murcia» fue el resultado de «una actuación coordinada, premeditada y compartida entre responsables públicos y operadores privados».
Una operación que, según explican, estuvo «dirigida a beneficiar ilegítimamente a las empresas EICO y MADIVA –ambas controladas por Alejandro de Pedro Llorca y su socio José Antonio Alonso– a través de una licitación simulada mediante procedimiento negociado sin publicidad, por importe de 30.000 euros».
«Esta concertación se estructuró en distintos niveles, con reparto funcional de tareas, según el lugar que cada interviniente ocupaba en la Administración o en el entorno empresarial», añaden.
VARIOS ABSUELTOS DE PREVARICACIÓN
Los magistrados señalan que el promotor político beneficiario del concierto fue Ruiz como consejero de Turismo, al que califican de «principal beneficiario no económico de la operación fraudulenta en cuanto que era el destinatario de los servicios de reputación personal ofrecidos por EICO/MADIVA» que «estaban diseñados para mejorar su posicionamiento político y su visibilidad pública».
También inciden en que De Pedro, considerado presunto conseguidor de ‘Púnica’ y condenado en otras causas, y Alonso –su «socio estratégico»– fueron los «empresarios promotores económicos».
Su actuación fue «desde fuera de la administración» y participaron «en el plan acordado y en la concertación de los contratos manipulados con los dos departamentos de la Consejería de Industria, como medio para financiar el plan propuesto por ellos, siendo esta una forma de negocios de sus empresas, replicada en otros lugares y que han dado lugar a distintos procedimientos penales», exponen.
Con todo, el tribunal ha absuelto a De Pedro, los hermanos Conesa, Gargallo y Bueno del delito de prevaricación administrativa que pesaba contra ellos.
