El periodismo peruano recibió un golpe inesperado con la repentina muerte de Jaime Chincha, uno de los rostros más reconocidos de la televisión y la radio nacional. El comunicador fue hallado sin vida en su vivienda de Miraflores la mañana del domingo 7 de septiembre, a los 48 años. La noticia sorprendió tanto a colegas como a seguidores, quienes recordaron la intensa actividad profesional que había mantenido en los últimos meses.
La primera alerta sobre su estado fue registrada por los servicios de emergencia a tempranas horas de la mañana. Bomberos llegaron a su domicilio y, tras confirmar la situación, informaron a la Comisaría de Miraflores.
Con el transcurso de las horas, el caso adquirió una dimensión mayor debido a las irregularidades detectadas en el trámite de certificación de su defunción. La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de un comunicado oficial, expuso detalles que colocaron en debate el procedimiento realizado y las decisiones adoptadas por el Ministerio Público.
Irregularidades en el certificado de defunción
Según el comunicado N.° 015-2025 emitido por la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP, el certificado de defunción de Jaime Chincha fue expedido por el médico Dacio Félix Maldonado Bravo, de 87 años, quien reconoció no haber tratado al periodista ni haber acudido al lugar del deceso. El propio profesional admitió que extendió el documento a pedido de un familiar, a través de una agencia funeraria.
El pronunciamiento policial remarca que el personal de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI se constituyó en el domicilio en coordinación con la Comisaría de Miraflores y el Departamento de Investigación Criminal, constatando la irregularidad en el proceso. “Durante las diligencias iniciales se constató que el certificado de defunción fue expedido de manera irregular”, indicó la institución.
Acciones de la PNP y respuesta fiscal
Ante lo ocurrido, la PNP notificó de inmediato al Ministerio Público para solicitar las disposiciones correspondientes, según informó en el comunicado. El pedido incluía el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal con el propósito de practicar la necropsia y determinar con precisión la causa de muerte.
No obstante, el documento policial señala que el Ministerio Público, mediante la Disposición Fiscal N.° 02 del 8 de septiembre, decidió no iniciar investigación preliminar, ni autorizar la necropsia ni el levantamiento del cuerpo. La decisión contrastó con las advertencias de la Policía Nacional, que había resaltado los riesgos de validar un certificado emitido de forma irregular y las consecuencias médico-legales que esa situación podría acarrear.
La Policía Nacional indicó en su comunicado que actuó dentro del marco de sus competencias y cumplió con las acciones urgentes para garantizar un procedimiento transparente. “La Policía Nacional del Perú reafirma ante la ciudadanía que ha cumplido con realizar todas las acciones urgentes dentro del marco de sus competencias, garantizando la transparencia de las investigaciones y la defensa de los procedimientos establecidos en resguardo de la legalidad y del derecho a la verdad”, expresó la institución en sus redes sociales.
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