Florida entró en una nueva etapa de regulación migratoria desde julio de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis aprobó distintas leyes que transformaron la vida cotidiana de miles de residentes. Se trata de normas que abarcan desde restricciones en licencias de conducir hasta cambios en el acceso a la educación superior, y también para generar mayores facultades para las fuerzas del orden en cooperación con agencias federales.

Ley SB 2-C en Florida: el eje central del nuevo marco migratorio

La ley SB 2-C se convirtió en la pieza clave de este paquete legislativo. Su alcance es amplio y toca diferentes aspectos de la vida social y legal de los extranjeros en Florida. La norma endureció penas, modificó definiciones y creó estructuras estatales para centralizar la aplicación de las políticas migratorias.

• Restricciones al voto y asistencia electoral: la medida prohibió de forma expresa que cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense vote en elecciones locales o estatales. Incluso la ignorancia sobre el estatus no puede usarse como defensa. Ayudar a alguien a emitir un voto bajo estas condiciones también se tipificó como delito grave de tercer grado. Para la comunidad extranjera, esto representa un factor de criminalización que disuade cualquier tipo de participación cívica.
• Licencias de conducir e identificación: el Departamento de Seguridad Vial quedó impedido de otorgar registros de conducir o tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados. Además, los permisos emitidos en otros estados a personas en condición irregular son inválidas en Florida. Esta disposición afecta la movilidad de miles de personas que dependen del vehículo para trabajar o estudiar, y expone a muchos a sanciones legales por manejar sin documentos válidos.
• Pruebas de identidad más estrictas: la normativa también fijó requisitos más exigentes para validar pasaportes extranjeros, que ahora deben contar con sellos federales de autorización o estar acompañados de visas y formularios I-94. Incluso inmigrantes con estatus regular se enfrentan a trabas adicionales para renovar o solicitar licencias.
• Cambio de estatus de ciudadanía: los residentes que se conviertan en ciudadanos estadounidenses deberán solicitar en un plazo máximo de 30 días la actualización de sus documentos estatales. El incumplimiento se considera una infracción administrativa.
• Definición de organizaciones criminales transnacionales: el texto amplió el concepto de banda criminal para incluir grupos que, con la participación de al menos un extranjero no autorizado, se dediquen al tráfico de drogas, armas o personas. Este cambio refuerza la narrativa que asocia migración irregular con criminalidad organizada.
• Condiciones de fianza y detención: los jueces deben considerar el estatus migratorio en las audiencias de fianza. Si se determina que el acusado no tiene autorización legal para permanecer en EE.UU., se presume riesgo de fuga, lo que implica detención preventiva en la mayoría de los casos.
• Creación de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración: esta entidad pasó a ser la principal autoridad estatal en esa materia. Su misión incluye coordinar con el ICE, administrar subvenciones a agencias locales y reportar la disponibilidad de camas en centros de detención.
• Subvenciones y cooperación local: se estableció un fondo de apoyo para policías locales que colaboren con las autoridades federales, en donde se incluyen reembolsos por detenciones y bonificaciones a oficiales que participen en operaciones fronterizas.
• Órdenes de detención y acuerdos con ICE: cada cárcel de condado debe suscribir un acuerdo bajo el programa 287(g), que autoriza a agentes locales a ejercer funciones migratorias. Si un gobierno local rechaza cumplir órdenes federales de detención, el fiscal general puede iniciar procesos judiciales y aplicar sanciones económicas.
• Programa de transporte de extranjeros no autorizados: Florida instituyó un sistema para trasladar a estas personas bajo pedido del ICE, con supervisión y reembolso federal.
• Matrícula universitaria: eliminó la exención de aranceles fuera del estado para estudiantes indocumentados que hubieran cursado secundaria en Florida. Desde julio, solo ciudadanos y residentes legales pueden acceder a este beneficio, encareciendo los estudios superiores para cientos de jóvenes.

Ley SB 830 en Florida: control a embarcaciones migrantes

Otra de las normas aprobadas fue la SB 830, dirigida a controlar las embarcaciones que transportan extranjeros hacia la península. Esta ley creó un marco legal específico para lo que denominó “embarcaciones migrantes”, generalmente construidas de forma precaria y utilizadas en travesías arriesgadas.

• Definición legal de embarcación migrante: se clasifican como aquellas fabricadas con materiales improvisados, sin número de identificación de casco y destinadas a transportar personas indocumentadas.
• Retiro y destrucción: la ley prohibió dejar estas embarcaciones en aguas de Florida por más de 24 horas. Las autoridades están facultadas para retirarlas y destruirlas, con posibilidad de financiar estas operaciones mediante programas estatales de subvenciones.
• Procedimientos policiales acelerados: a diferencia de otros barcos abandonados, las “embarcaciones migrantes” pueden ser retiradas y eliminadas sin notificar a propietarios o acreedores. La policía solo coloca un aviso que otorga cinco días para retirar la nave antes de su eliminación definitiva.

Con estas medidas, Florida refuerza su política de disuasión frente a las llegadas marítimas al limitar los canales que muchos extranjeros han utilizado históricamente para alcanzar las costas de Florida.

Ley HB 915 en Florida: freno al fraude en trámites de inmigración

La tercera norma en entrar en vigor fue la HB 915, orientada a frenar prácticas fraudulentas en la oferta de servicios legales de inmigración. Este tipo de engaños fueron recurrentes en comunidades vulnerables, donde notarios o consultores sin licencia se presentan como asesores legales.

• Restricciones a notarios públicos: se prohíbe que quienes no sean abogados usen títulos como “notario” o “consultor de inmigración” en cualquier idioma. En caso de publicitar servicios en un idioma distinto del inglés, deben incluir un aviso visible que indique: “No soy un abogado con licencia para practicar la abogacía en el estado de Florida, y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal”.
• Recursos civiles para víctimas: las personas afectadas por notarios que violen estas disposiciones pueden iniciar acciones legales, reclamar daños y exigir honorarios de abogados.
• Regulación de servicios de inmigración no legales: individuos o empresas que ofrezcan asesoría sin contar con licencia deben publicar advertencias claras en sus sitios web y oficinas, en donde deben especificar que no están autorizados a representar a nadie en asuntos migratorios.
• Causas civiles contra servicios fraudulentos: los perjudicados por falta de transparencia o prácticas engañosas tienen derecho a demandar, obtener compensaciones y evitar que se repitan estas acciones.

Con la HB 915, el Estado buscó blindar a los inmigrantes frente a abusos que históricamente generaron pérdidas económicas y falsas expectativas de regularización.