Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes que las autoridades pakistaníes han obtenido tecnología para expandir sus sistemas de vigilancia y censura gracias a «una cadena encubierta de suministro mundial de sofisticadas herramientas» que involucra a empresas con sede en Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, China, Canadá y Estados Unidos.
«La vigilancia y censura masivas que ejerce Pakistán son posibles por la connivencia de un gran número de actores empresariales que operan en jurisdicciones tan diferentes como Francia, Alemania, Canadá, China y Emiratos Árabes Unidos», ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en un comunicado.
La ONG describe «una cadena encubierta de suministro mundial» en «una economía de opresión vasta y rentable, que se ve favorecida por el incumplimiento por parte de las empresas y los Estados de sus obligaciones en virtud del Derecho internacional».
En consecuencia, Callamard ha subrayado que «la búsqueda de beneficios en los mercados está sujeta a limitaciones de Derechos Humanos», pero ha denunciado que «todas ellas se han pasado por alto» y «la ciudadanía pakistaní es la que paga el precio más alto».
Esta red de suministro habría permitido a las autoridades pakistaníes hacerse con el Sistema de Monitoreo Web (WMS 2.0) y con el Sistema de Gestión de la Interceptación Legal (LIMS). «El Sistema de Monitoreo Web y el Sistema de Gestión de la Interceptación Legal de Pakistán operan como torres vigías que espían constantemente la vida de la gente corriente», ha explicado Callamard.
«En Pakistán, tus mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas y acceso a Internet están vigilados. Pero la gente no tiene ni idea de esta vigilancia constante y de la magnitud de su alcance», ha lamentado la dirigente de AI, que ha aseverado que «esta realidad distópica es extremadamente peligrosa porque opera en la sombra, restringiendo gravemente la libertad de expresión y el acceso a la información».
En la misma línea, el especialista en tecnología de Amnistía, Jurre van Bergen, ha descrito cómo «el LIMS y el WMS 2.0 se financian con fondos públicos, incorporan tecnología extranjera y se utilizan para silenciar la disidencia, vulnerando gravemente los Derechos Humanos de la población de Pakistán».
En consecuencia, para la secretaria general de Amnistía, «la insuficiencia de la legislación» en el sector, sumada al impacto de estas nuevas tecnologías, «está acelerando la capacidad del Estado de restringir los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, lo que provoca un efecto intimidatorio y reduce el espacio de la sociedad civil en el país».
