La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revisará la decisión del juez Alejandro Maraniello que prohibió a los medios de comunicación difundir audios atribuidos a Karina Milei que pudieron haber sido grabados en la Casa Rosada. El magistrado adoptó esa resolución a pedido del Gobierno.
El juez Maraniello, que está denunciado en el Consejo de la Magistratura por este y otros casos, de acoso sexual a sus empleadas, concedió la apelación de una decena de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y periodistas que se presentaron ante sus estrados para revisar la medida.
La decisión, tomada por el juez a pedido del Gobierno, mereció una ola de críticas de constitucionalistas, medios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión por tratarse de un caso de censura previa.
Ahora el juez, con un criterio más amplio, admitió como parte en el expediente a todos los que se presentaron para cuestionar su fallo.
Así se presentaron el periodista Mauro Federico, que puso al aire los primeros audios de Karina Milei; el director de Perfi y presidente del directorio de NetTV, Jorge Fontevecchia; los abogados Fernando Alonso, Mauro Pantaleón Ocampo, Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti.
También hicieron planteos la Asociación Civil Pro-Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Estas organizaciones solicitaron el levantamiento de la restricción del expediente y la suspensión de los plazos procesales para poder presentarse con los recursos que consideren pertinentes.
El juez Maraniello hizo lugar a los recursos con efecto devolutivo, es decir manteniendo la medida de censura, o tomó nota de las presentaciones. Su cautelar fue dictada el 1 de septiembre de 2025 a pedido de Karina Milei.
En todos los casos de apelación directa, el juzgado ha otorgado un plazo de cinco días para la fundamentación de los recursos y dispuso que el expediente sea elevado a la Cámara de Apelaciones.
El juzgado accedió a estas peticiones de las ONGs, permitiendo el acceso público al expediente y suspendiendo los plazos para que estas organizaciones puedan “presentarse con los recursos que consideren pertinentes”.
La multiplicidad de presentaciones es una evidencia de la preocupación por los efectos de la medida de censura que ahora será revisada por la Cámara.
Los audios atribuidos a Karina Milei comenzaron a ser difundidos el 1 de septiembre, en coincidencia con la filtración de una conversación del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, donde señalaba que en la compra de medicamentos se entregaba una suma del 3 por ciento a la hermana del presidente Javier Milei.
Al mismo tiempo que el juez Maraniello disponía la prohibición de difundir los audios de Karina Milei, el Gobierno presentó una denuncia penal por “espionaje ilegal” ante la sospecha de que plantaron micrófonos en la Casa de Gobierno.
La denuncia que efectuó en ese momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -señalado como accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios.
Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini, y fue delegada en el fiscal Carlos Stornelli.
El fiscal le dio crédito a la hipótesis oficial y está realizando medidas de prueba que mantiene en reserva, pero que se orientan a saber quiénes están detrás de Carnaval Stream y un estudio del alcance de su programación.
En la presentación de la funcionaria, el mismo viernes de las filtraciones, se consignó que en caso de ser reales los audios, estos fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”.
Además, la denuncia penal menciona que ese supuesto caso de espionaje es parte de una maniobra internacional en la que el Gobierno involucró a Rusia y Venezuela, lo que fue desmentido con énfasis por los afectados.
