El Gobierno de Brasil ha condenado el empleo de sanciones o amenazas contra su democracia, después de que la Casa Blanca haya asegurado este martes que «no teme» actuar en ese sentido para «proteger la libertad de expresión», un argumento que usa para defender al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que estos días enfrenta el juicio por intento de golpe de Estado tras la victoria electoral del actual dirigente, Luiz Inácio Lula da Silva, a finales de 2022.
Así lo ha afirmado el Ministerio de Exteriores de Brasil, en un escueto comunicado en el que «condena el uso de sanciones económicas o amenazas de fuerza contra nuestra democracia».
La cartera diplomática ha rechazado asimismo «el intento de fuerzas antidemocráticas de utilizar gobiernos extranjeros para coaccionar a las instituciones nacionales», en alusión al exmandatario brasileño y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, acusados de un delito de obstrucción a la justicia a través de la financiación de una trama para entorpecer la causa de golpe de Estado desde Estados Unidos.
Además, ha asegurado que «los tres poderes del Estado no se dejarán intimidar ante ningún ataque a nuestra soberanía», después de señalar que es su deber «defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas», lo que Brasilia ha considerado en su nota como «el primer paso para proteger la libertad de expresión».
Las declaraciones de la diplomacia brasileña llegan después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, haya citado el juicio contra Bolsonaro en una rueda de prensa en la que ha asegurado que «el presidente (Donald) Trump no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en todo el mundo».
«No tengo ninguna medida adicional (contra Brasil) que presentarles hoy. Pero puedo asegurarles que esta es una prioridad para el Gobierno (de Estados Unidos)», ha señalado coincidiendo con la celebración del juicio contra el expresidente Bolsonaro, y después de que Washington haya impuesto sanciones al menos a uno de los jueces del Tribunal Supremo y relator del caso, el magistrado Alexandre de Moraes, y aplicado aranceles del 50 por ciento a las importaciones del país latinoamericano.
