En medio de la crítica situación que atraviesan amplias zonas del centro oeste bonaerense por las inundaciones, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le planteó al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, que se analice la posibilidad de implementar un alivio impositivo para los productores ganaderos más afectados. La propuesta, explicó, consiste en otorgar una exención en el pago de Ganancias para quienes se vean obligados a realizar ventas forzosas de hacienda como consecuencia directa del impacto del agua.
En diálogo con LA NACION, Pino contó que la iniciativa surgió tras recorrer la zona y conversar con un socio de la entidad, quien le recordó que en otra inundación de gran magnitud la entonces Dirección General Impositiva (DGI) había dispuesto una exención de Ganancias para los productores que debieron desprenderse de su hacienda de manera obligada. Con ese antecedente en mente, decidió comunicarse con Pazo para trasladarle la inquietud, convencido de que “conoce el tema y entiende perfecto lo que es la producción”. Según relató, el planteo fue bien recibido y el funcionario le dijo que “lo va a estudiar”. Desde ARCA confirmaron a este medio que “se está evaluando en el marco de la emergencia”.
Pino advirtió que habrá que definir bien cómo aplicarla. “La emergencia ya la decretó el gobierno nacional, pero no es fácil identificar cuándo un productor vende porque está inundado y cuándo no. Sin embargo, creemos que no es tanta la plata y puede ser un acompañamiento”, sostuvo.
La semana pasada, Pino recorrió personalmente las zonas más comprometidas y participó de una jornada abierta organizada por la SRA en 9 de Julio, junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. En esa visita, sobrevoló dos veces la región y describió la situación como “realmente preocupante”.
Un relevamiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) estima que más de dos millones de hectáreas se encuentran bajo agua o con graves problemas de anegamiento. Si se suma la superficie que no puede trabajarse por falta de piso o accesos, la cifra trepa a más de tres millones de hectáreas en la provincia.
Pino recordó que ya en varias oportunidades transmitió al Gobierno la “necesidad imperiosa” de concluir las obras hídricas pendientes en la región. La respuesta, según dijo, fue que “el Gobierno está en tema y lo están estudiando”.
Consultadas por este medio sobre el tema, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que la reactivación del Plan Maestro del río Salado se encuentra en “evaluación”. De hecho, Pino ya había planteado personalmente al ministro Luis Caputo, durante la última edición de Expoagro, la urgencia de acelerar esas obras y reconoció que luego lo reiteró en distintas reuniones. “Es un tema que charlamos varias veces con el ministro y vamos a seguir insistiendo”, afirmó.
Aunque evitó dar una cifra concreta sobre la superficie afectada, fue categórico respecto a la magnitud del problema: “Lo que tenemos claro es que son un montón”. En la misma visita había reclamado que se aceleren los trabajos de canalización demorados, la reparación de caminos rurales y una presencia más activa tanto del gobierno provincial como del nacional en el territorio. “Los productores sienten que deben afrontar solos la emergencia”, advirtió.
“En los últimos 40 años se ha avanzado muy poco o nada en obras que hagan más llevadera la vida del productor. Los recursos que pagamos en impuestos deben volver en mejoras concretas: caminos, obras. Si se hacen las obras necesarias, podremos evitar volver a sufrir este flagelo”, agregó.
