La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, anunció que presentó una moción de censura contra el premier Eduardo Arana, tras la difusión de un audio que lo vincularía con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en presuntas coordinaciones ilícitas.
“Moción de censura contra el premier Eduardo Arana. Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público, que junto a Santiváñez han buscado favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Insto a mis colegas respaldar esta moción”, expresó Luque en su cuenta de X.
En diálogo con Infobae Perú, la parlamentaria confirmó que ya se encuentra recolectando firmas para que la iniciativa se someta al debate del Pleno. Además, exigió también la renuncia inmediata de Santiváñez, a quien acusó de haber actuado en beneficio de intereses privados mientras ejercía un cargo público.
Los audios que comprometen al Ejecutivo
El caso se origina en un reportaje difundido el domingo por el programa Panorama, que reveló un audio grabado en septiembre de 2024. En la conversación, se escucha a Juan José Santiváñez —en ese entonces ministro del Interior— dialogando con Eduardo Arana, quien ocupaba el cargo de ministro de Justicia.
En el registro, Santiváñez habría solicitado a Arana intervenir para disponer el traslado de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo. Salirrosas, expolicía, fue condenado por integrar un brazo armado de la organización criminal “Los Pulpos”.
Según la investigación periodística, la grabación fue realizada por un familiar del sentenciado dentro del despacho ministerial de Santiváñez en la sede del Ministerio del Interior. Este hecho no solo evidenciaría gestiones irregulares, sino también que Santiváñez habría atendido un caso privado en instalaciones públicas, aprovechando su posición como funcionario del Estado.
La versión de Juan José Santiváñez
Tras la difusión del material, el actual ministro de Justicia se pronunció en una entrevista transmitida por el canal Cámara Inmobiliaria Peruana en YouTube. Allí descartó cualquier responsabilidad penal.
“El contenido de las grabaciones no acredita la comisión de un delito ni la existencia de una conducta criminal”, afirmó.
Santiváñez insistió en que las conversaciones fueron sacadas de contexto y calificó los audios como “insuficientes” para probar un ilícito. Asimismo, negó que existan elementos que configuren tráfico de influencias o infracciones administrativas.
El ministro fue más allá al acusar a algunos fiscales de ser los responsables de la filtración del material. Según dijo, se trataría de una “actuación criminal”, que estaría vulnerando la normativa vigente al difundir evidencia que aún forma parte de una investigación en curso del Ministerio Público.
Posibles consecuencias políticas
La presentación de la moción de censura por parte de Ruth Luque genera un nuevo frente de tensión para el Ejecutivo. De prosperar en el Congreso, obligaría al premier Eduardo Arana a dejar el cargo y podría derivar en una crisis de gabinete.
El caso también deja en entredicho la permanencia de Juan José Santiváñez, ya que no es el primer audio vinculado al ministro. Recientemente, Punto Final difundió otra grabación en la que Santiváñez habría realizado gestiones ante el Tribunal Constitucional para favorecer a Salirrosas, incluso aludiendo al respaldo de magistrados y a un pago de 20 mil dólares. La investigación señala que existen decenas de audios e imágenes en poder de la Fiscalía.
Por estos hechos, la Corte Suprema impuso 18 meses de impedimento de salida del país a Santiváñez, medida que fue levantada de manera temporal para permitirle realizar un viaje oficial. Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han emitido comentarios públicos sobre el caso.
