En su discurso trasmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei dijo que el proyecto de presupuesto para 2026 enviado por el Gobierno al Congreso Nacional “aumenta el gasto en jubilaciones un 5%” por encima de la inflación que, según la proyección oficial, sería el año próximo de 10,1%. ¿Qué significa eso, en concreto, para los jubilados y pensionados del sistema previsional de la Anses?

En principio, vale tener en cuenta que no se anunció ningún incremento inmediato para los ingresos jubilatorios, ni tampoco se especificó, con miras a 2026, que se prevea otorgar un reajuste extraordinario, más allá de la aplicación del esquema de movilidad vigente, que contempla actualizaciones mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.

Por otra parte, el “gasto en jubilaciones” hace referencia a un monto agregado, que depende no solo de los haberes, sino también de otros factores, como la cantidad de beneficiarios, o el plan de pago de sentencias judiciales.

Una suba de los ingresos por arriba del índice de inflación, considerando un determinado espacio de tiempo, es algo que podría ocurrir solo con la aplicación del mecanismo de reajustes por inflación que está vigente desde abril de 2024 y que, según lo previsto, continuará en 2026.

De hecho, esa suba es algo que ya ocurre si se considera la variación de los haberes, sin incluir el bono que perciben quienes tienen los ingresos más bajos del sistema y que, pese a la inflación y al retraso de los ingresos en general, está congelado desde hace más de un año y medio.

Entre agosto de 2024 y el octavo mes de 2025, el aumento promedio de precios fue, según el Indec, de 33,6%, en tanto que los haberes jubilatorios subieron un 39,4%, algo que se traduce en un incremento real de 4,3%. Eso no alcanza, claro, para compensar las fuertes pérdidas de valor real que tuvieron las jubilaciones durante años; solo entre enero de 2021 y marzo de 2024, quienes no perciben refuerzo o bono perdieron nada menos que un 50% de su poder de compra.

Lo ahora previsto por el Gobierno, incluso cuando implique un alza real de 5% para todas las prestaciones (algo que no está claro y que, en todo caso, depende de varios factores), también estará lejos de generar una recuperación de esas pérdidas.

En cuanto a quienes cobran el ingreso más bajo (conformado por el haber mínimo más el bono) el porcentaje de alza fue, sin embargo, bastante inferior: de 30,1%, algo que determina una caída de la capacidad adquisitiva, en los 12 meses, de 2,6%.

Entonces, en 2026 se podría dar también una suba por arriba de la inflación, sin que se concreten reajustes especiales para los ingresos. ¿Cuál es la condición para que ello ocurra? Que el índice de inflación tienda a la baja.

El dato del Indec que se considera para definir la suba de haberes tiene un rezago de dos meses. Por ejemplo, el alza de octubre será de 1,88%, porque esa fue la inflación de agosto. Con un IPC a la baja, ocurre que, al momento de aplicarse la actualización a los haberes, la inflación es de un nivel más reducido que la del período que se usó para determinar el porcentaje del incremento.

En el caso de 2026, la suba de haberes para todo el año se definirá por la inflación del período extendido entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Si la inflación va cediendo (que es lo previsto por el Gobierno), ese incremento será superior al avance que acumule el índice de precios entre enero y diciembre del año próximo.

El bono mensual

Una de las grandes incógnitas es qué pasará el año próximo con el bono de hasta $70.000 que perciben quienes tienen los ingresos más bajos dentro del sistema contributivo, y también quienes perciben prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por invalidez. Se trata, en total, de algo más de 4,5 millones de personas (en tanto que son 3 millones las que no cobran bono).

Desde el Gobierno aún no hubo definiciones de manera pública, ni respuestas ante consultas de LA NACION.

El refuerzo, que se paga de manera continua desde septiembre de 2022, está congelado desde marzo de 2024, mes en el cual pasó de $55.000 a $70.000. Si desde aquel momento hubiera tenido los mismos aumentos que los haberes propiamente dichos (es decir, reajustes por inflación y un incremento extraordinario en abril de 2024), la cifra sería de $166.754 en el actual septiembre y de $169.889 en octubre.

Pensiones por invalidez

La modalidad de reajustes mensuales por inflación alcanza a las pensiones por invalidez. De hecho, el monto de esas prestaciones se define como el 70% del haber mínimo del régimen previsional contributivo. Este mes, la cifra es de $224.194 y se suma el bono de $70.000, con lo cual el monto total es de $294.194 y pasará a $298.409 en octubre.

Respecto de estas prestaciones, que están en el eje de las protestas sociales dadas las bajas y suspensiones decididas por el Gobierno en un proceso de auditorías fuertemente cuestionado, el presidente Milei dijo en cadena nacional que “el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026″.

Esa suba real, en el caso de las prestaciones sin el plus puede responder -tal como se explicó en los párrafos anteriores- a la aplicación de los reajustes que ya se otorgan, y que se definen tomado el dato de inflación con dos meses de rezago. La duda es, nuevamente, qué ocurrirá con el bono de $70.000.