El Senado ya puso fecha para tratar los vetos de Javier Milei

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Tras el rechazo en Diputados, la oposición busca ratificar ambas normas en la Cámara alta. Se anticipa una sesión clave con mayoría consolidada.

Luego del contundente rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales de Javier Milei sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, el Senado de la Nación ya fijó fecha para tratar ambas iniciativas: será en sesión especial el jueves 2 de octubre.

La convocatoria fue impulsada por bloques opositores que buscan ratificar las leyes originalmente sancionadas, en medio de un clima de creciente tensión social y fuerte respaldo ciudadano a la educación y la salud pública. En Diputados, ambas normas lograron superar los dos tercios requeridos: la ley de emergencia pediátrica obtuvo 181 votos afirmativos, mientras que la de financiamiento universitario alcanzó 174 votos a favor.

En el Senado, los antecedentes también son favorables. En agosto, la ley universitaria había reunido 58 votos positivos, y la del Hospital Garrahan 60 apoyos, lo que anticipa una posible ratificación definitiva.

La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada por trabajadores del Garrahan, contempla la asignación prioritaria de recursos, la recomposición salarial del personal de salud, y la derogación de la resolución 2109/25, que modificó el sistema de residencias médicas. Su impacto presupuestario anualizado se estima en $133.433 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario propone la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento, becas, desarrollo científico y la creación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC. El costo fiscal proyectado para 2025 sería de $1,96 billones, equivalente al 0,23% del PBI.

La sesión del 2 de octubre se anticipa como un nuevo revés político para el Ejecutivo, en medio de movilizaciones masivas y reclamos sectoriales. De aprobarse en el Senado, ambas leyes quedarán firmemente sancionadas, marcando un hito legislativo en defensa de derechos sociales fundamentales.

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