Entre los 75 fallecimientos de palestinos bajo custodia israelí documentados desde octubre de 2023, figuran casos en los que las víctimas, como un menor de 17 años, presentaban claras señales de violencia física o tortura, según autopsias y pruebas recopiladas por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados. Esta información, reportada por la citada oficina y publicada por diversos medios, coloca en el centro de atención no solo el número de muertes, sino también las denuncias sobre el trato recibido por los prisioneros palestinos desde los ataques llevados a cabo por la organización Hamás el 7 de octubre de 2023. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señala que las condiciones impuestas por Israel a los presos palestinos han derivado en situaciones de tortura y malos tratos, y han contribuido al fallecimiento de varios detenidos.
De acuerdo con información proporcionada por la ONU y reproducida por medios internacionales, 12 de las 75 muertes en centros de detención israelíes mostraban indicios de lesiones compatibles con golpizas o tortura. Además, se confirmó que 22 de los fallecidos sufrían de patologías médicas previas que requerían tratamiento antes de ser arrestados, lo que agrava la preocupación sobre la falta de atención sanitaria adecuada en las cárceles. En su declaración oficial, la oficina de la ONU afirmó que “las autoridades israelíes han impuesto deliberadamente condiciones de detención que constituyen tortura u otras formas de malos tratos, lo que ha contribuido a la muerte de los detenidos”.
La entidad internacional también informó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no ha podido acceder a los detenidos palestinos para realizar visitas de supervisión, un procedimiento habitual en conflictos y detenciones prolongadas. Según la ONU, esta situación obstaculiza la labor de monitoreo independiente y dificulta la documentación de la situación real de los prisioneros, así como el acceso a datos verificables sobre su estado de salud, condiciones carcelarias y la atención recibida.
El comunicado de la Oficina de Derechos Humanos agrega que Israel persiste en incumplir con la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Israel en septiembre, que exige la mejora de la cantidad y la calidad de los alimentos suministrados a los presos palestinos. Según reportó la ONU, las condiciones alimentarias vigentes no cumplen con los estándares nutricionales mínimos exigidos internacionalmente, lo que pone en riesgo la salud y la supervivencia de los reclusos.
Además de las muertes y la falta de acceso a visitas independientes, la oficina de Naciones Unidas denunció el ocultamiento, por parte de las autoridades israelíes, de informes preparados por el Defensor del Pueblo respecto al tratamiento de los detenidos palestinos. Israel justificó la reserva de esta información invocando razones de seguridad nacional. Según la ONU, tampoco se han publicado los resultados de diversas investigaciones realizadas sobre muertes concretas ocurridas bajo custodia en cárceles israelíes.
En la documentación recogida por la ONU, se incluyen testimonios y casos de tortura y malos tratos reiterados a los palestinos en prisión. Las formas de abuso detalladas abarcan desde agresiones físicas hasta simulacros de ahogamiento, posiciones corporales forzadas, violencia sexual y de género, así como privación deliberada de condiciones básicas como ropa limpia, artículos de higiene y acceso a servicios médicos. Según consignó la oficina, la instauración de contextos inhumanos, donde se aplica la inanición y otras carencias esenciales de manera intencionada, figura entre las prácticas denunciadas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU recordó que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una violación grave del Derecho Internacional y pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad bajo determinadas circunstancias. Ante esta situación, el organismo solicitó a Israel que cese de inmediato estas prácticas, subrayando la responsabilidad de las autoridades para respetar las obligaciones legales internacionales en materia de derechos y trato a los presos.
De acuerdo a la información recogida en medios y comunicada por la ONU, la liberación de prisioneros palestinos en intercambios recientes por rehenes capturados en Gaza expuso a la opinión pública el deteriorado estado físico de muchos liberados. La condición demacrada y carencial de algunos excarcelados motivó críticas tanto de organizaciones humanitarias locales como internacionales, y elevó el tono de la controversia respecto al régimen de detención y al cumplimiento de los estándares mínimos en los centros israelíes.
Las denuncias reiteradas sobre golpizas, tortura física y psicológica y negligencia médica sistemática destacan, según la ONU, una situación de emergencia humanitaria en torno al encarcelamiento de palestinos. La oficina detalló la imposibilidad de verificar el alcance y la eficacia de eventuales investigaciones internas, dado el acceso restringido a la información oficial.
Por otra parte, la organización internacional subrayó que el impedimento a que el CICR visite a personas arrestadas contraviene los principios de transparencia y respeto por los derechos humanos que exige el derecho internacional humanitario, y limita el monitoreo externo frente a posibles violaciones ocurridas durante las detenciones o el cumplimiento de penas.
La ONU insistió en la necesidad de que Israel acate las recomendaciones judiciales, especialmente en lo relativo al suministro de alimentos adecuados y a la garantía de acceso a servicios esenciales, para evitar nuevas muertes y asegurar condiciones compatibles con la dignidad humana en las prisiones.
Según las denuncias recogidas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la combinación de tortura, malos tratos, deficiencias nutricionales y atención médica insuficiente habría jugado un papel determinante en el fallecimiento de decenas de prisioneros desde octubre de 2023. Organismos humanitarios y actores internacionales continúan reclamando transparencia, investigaciones independientes y la publicación de los resultados de las indagaciones sobre las muertes bajo custodia, en busca de garantías de protección para los detenidos palestinos bajo responsabilidad de Israel.