MAR DEL PLATA.- “Dale por favor, tenemos un quilombo”. La vicepresidenta del Consejo Escolar de General Alvarado apuraba por mensaje al contratista para que le envíe el documento que debía confirmar que el agua del Polo Educativo de la localidad de Mar del Sur era potable. Tenía ante ella a varios padres de alumnos que habían sufrido vómitos, descomposturas y sarpullidos que atribuían a consecuencias de napas y tanques contaminados en esas escuelas.

El certificado llegó: decía que el agua era apta para consumo, pero la desconfianza de los padres desentrañó el engaño y evitó un riesgo sanitario de dimensiones inimaginables si la situación se sostenía: los análisis enviados por el contratista eran falsos y manipulados como imagen digital para hacerlos parecer veraces, con supuestos sellos de un área especializada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Más grave aún: las máximas autoridades educativas del distrito lo sabían.

A esa conclusión llegó la Justicia federal, que acaba de imputar la comisión de delito a la presidenta del Consejo Escolar de General Alvarado, Carolina Palacios; la vicepresidenta, Adriana Parodi; el tesorero, Fernán Gorostiza, y también para Ezequiel Bravo, prestador privado para la limpieza de tanques.

Se los acusa por igual de defraudación a la administración pública, uso (también falsificación en el caso del contratista) de documento público falso y suministro de aguas para consumo humano disimulando su carácter nocivo y (para los tres primeros) incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Durante mucho tiempo a nuestros hijos les dieron agua con mierda para tomar, para comer y para lavarse”, acusan los padres.

Los establecimientos afectados en principio son la Escuela de Educación Primaria N°2, la Escuela de Educación Secundaria N°8 y el Jardín de Infantes N°910, todos parte del complejo que tiene sus sedes en la manzana de calle 106 y 27 de Mar del Sud, a unos 16 kilómetros al sur de Miramar.

Mar del Sud no cuenta con red cloacal ni de agua corriente. Este problema en el Polo Educativo tendría su origen en reiterados desbordes de su pozo séptico y la derivación de esos desechos hacia la demasiada cercana perforación hacia las napas desde donde se abastece de agua a los tres edificios escolares.

Esta semana los padres volvieron a decidir que sus chicos no vayan a clases porque las autoridades educativas dispusieron suspender el programa “Agua segura” que, desde que estalló este caso a comienzos de marzo, proveía agua embotellada para consumo e higiene de las instalaciones. Los directivos aseguran que el nuevo pozo de abastecimiento y el tanque ya están en condiciones óptimas, pero los padres entienden que falta documentación que certifique de manera “fehaciente y determinante” que no hay riesgo de contaminación.

“Los papás hemos dicho que ‘con los chicos no’ porque acá se pasó toda raya y límite, todos nos dieron la espalda y nos dejaron solos”, dijo Norberto Lamelas, padre de uno de los alumnos de primaria y quien sería luego la llave para comenzar a desenmascarar este engaño que llegaría a la justicia penal.

“Nadie pensó en los pibes ni se pusieron en nuestra piel”, aseguró a LA NACION. Y recordó: “Nuestros hijos iban a la escuela y les daban agua con materia fecal”.

Vómitos, diarrea y fiebre

La historia se comenzó a escribir bastante antes. El año pasado era tema repetido entre padres comentar sobre cuadros de vómitos, diarrea y hasta fiebre de sus hijos. Uno de ellos llegó a internación por riesgo de deshidratación. Lo llamativo fue que durante el verano, sin ir a la escuela, nada de eso se veía. Por eso el día de comienzo del actual ciclo lectivo plantearon la situación a directivos.

Por propia iniciativa, con apoyo de la cooperadora, los padres avanzaron con el encargo de un estudio del agua que hizo la firma Aqualab, documento al que accedió LA NACION. El resultado fue espeluznante: lo que salía por las canillas tenía Escherichia Coli y pseudomonas, bacterias de fuerte capacidad para infectar. Así asomaba la primera explicación firme de aquellas descomposturas y algo más que sufrían los alumnos.

El revuelo se armó cuando desde la escuela avisaron al Consejo Escolar de General Alvarado de este análisis negativo por fuera de lo institucional. Respondieron con otro estudio de supuesta calidad de agua óptima. Los padres exigían verlo y lo que llegó y les mostraron, con cierta demora según recuerdan, no conformó. “Una mamá es bioquímica y advirtió que tenía fallas”, cuenta Lamelas, que luego y con sus dudas se fue hasta Mar del Plata en busca del Laboratorio de Bromatología de la Universidad Nacional de Mar del Plata donde supuestamente se había hecho aquel análisis bacteriológico.

Pudo dar con una de las profesionales supuestamente firmantes de aquella documentación que certificaba agua potable. “Imposible esa fecha, yo estaba de licencia por maternidad”, le dijo y agregó: “hace mucho tiempo que no nos piden estudios de ese tipo para General Alvarado”.

Lamelas se fue desde allí a Policía Ambiental bonaerense. Planteó lo ocurrido y por la intervención de la universidad nacional lo derivaron a la justicia federal. Pasó por fiscalía, hizo la denuncia, se volvió a Mar del Sur y horas después supo que ya habían comenzado los allanamientos requeridos por el fiscal Carlos Martínez, que tomó el caso. “Hay más de 100 análisis que se presumen falsificados, todos en escuelas de General Alvarado”, aseguró el investigador durante la audiencia de imputación que presidió el juez de Garantías Santiago Inchausti.

La acción judicial en el caso disparó la reacción de autoridades superiores de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, de la cual dependen estos establecimientos. Desde allí se dispuso una suerte de intervención de ese Consejo Escolar, organismo desde donde se administran los establecimientos educativos públicos de todo General Alvarado.

Los consejeros acusados, según surge de la causa, intentaron orientar el caso como una responsabilidad exclusiva del contratista, señalándolo como responsable de un engaño. Los mensajes de WhatsApp encontrados en el celular de Bravo confirmarían que los funcionarios sabían muy bien que sus informes eran falsos.

“Le podemos hacer un informe de los otros [colegios] y que le borre el nombre y le ponga EP 2 número 2, para aliviar”, dice un mensaje de Bravo a una consejera escolar leído en la audiencia de este jueves. Fue enviado cuando la situación urgía y se proponía utilizar el certificado de una escuela para fraguarlo y hacerlo pasar por el de otra. Esta situación, asegura el fiscal, fue repetida y sistemática en distintos establecimientos y durante los últimos años. Las pruebas dan cuenta de acciones similares en las que se habría incurrido desde 2021, siempre en esa misma jurisdicción.

La metodología delictiva que se le atribuye a Bravo tiene una constante: en los documentos aportados de análisis microbiológicos para probar calidad y potabilidad del agua se advierte firma adulterada de Alicia Daniela Robles o Amelia Ivone Saiz, profesionales del Laboratorio de Bromatología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Justicia asegura tener elementos de prueba para demostrar que se copiaban y pegaban sellos y rúbricas.

El fiscal también considera probado que los tres consejeros escolares estaban al tanto de las falencias del certificado con el que, a comienzos de marzo, intentaban justificar ante los padres de alumnos que el agua del polo educativo de Mar del Sur estaba apta para consumo humano. Se terminará de confirmar esa hipótesis cuando se hagan peritajes sobre los teléfonos de Palacios, Parodi y Gorostiza.

“Los funcionarios conocían de la falsedad del documento informe de potabilidad del 18/02/25 desde la fecha de su confección y uso (07/03/25), siendo el acto de convocatoria al proveedor Bravo y el pedido de explicaciones una situación irreal planeada por los nombrados para que solo Bravo se haga cargo de los hechos en los que los cuatro habían participado”, fundamentó el investigador en presencia de los cuatro acusados, todos acompañados por abogados defensor.

Los padres están dolidos por todo lo vivido. En el inicio del conflicto aportaron mano de obra para realizar un nuevo pozo de extracción de agua. “Eliminamos la Escherichia Coli pero seguía habiendo pseudomonas”, recuerdan. Ahora les aseguran que el problema está solucionado, pero creen que aún “no fue certificado”. Al menos con la contundencia que esperan.

El fiscal pidió, mientras avance la causa, que los cuatro acusados no puedan abandonar el país y se les prohíba acercarse a menos de 500 metros al Polo Educativo de Mar del Sur por un plazo de 180 días corridos. Además requirió para ellos el embargo de bienes muebles e inmuebles que tengan a su nombre. Todos sus planteos fueron confirmado e impuestos por el juez Inchausti.