Es despachante de aduana. También se presenta como importador y exportador. Hace 11 días cumplió 51 años. Los pasó tras las rejas en una dependencia de la Policía Federal Argentina de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. Está acusado de ser un parte de la logística local de una organización narcocriminal internacional que intentó traficar 510 kilos de cocaína a España, cargamento que había sido escondido en un torno industrial.
“Soy inocente”, sostuvo Ulises Matías Cura cuando fue indagado por videoconferencia por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, magistrado que interviene en la causa.
Cura intentó explicar que solo se limitó a la gestión de importación a pedido de dos despachantes bolivianos, con quienes mantenía vínculos comerciales desde hacía años.
El torno industrial llegó desde Perú, vía terrestre, el 22 de octubre pasado. Lo transportó un camión con chapa patente boliviana. Primero estuvo en un depósito del barrio porteño de Villa Soldati. La Argentina era solo un lugar de paso. Su destino final era el puerto de Algeciras, en España.
Según se desprende del expediente judicial, Cura dijo que “nunca tuvo contacto directo con el proveedor peruano ni con los destinatarios en España, que el torno estuvo varios días retenido en la Aduana de La Quiaca (donde tuvo controles de escaneo y perros) y que luego fue almacenado en depósitos de empresas transportistas hasta su exportación. Aseguro que desconocía la existencia de droga”.
Y explicó que su empresa “alquila el registro de importación” para terceros que no pueden operar directamente, “práctica que reconoció como habitual en la zona de frontera [donde vive]”. También contó que por esa gestión cobró honorarios en efectivo y por transferencias.
Pero para la Justicia argentina hay pruebas suficientes de su participación en el plan criminal.
“La logística del traslado de la maquinaria [por el torno] había estado monitoreada y a cargo de Cura desde un comienzo, contrariamente a lo expuesto por él en la declaración indagatoria”, sostuvieron el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, en un dictamen donde solicitaron la prisión preventiva para el despachante de aduana.
El juez Meirovich hizo lugar a lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Procesó con prisión preventiva a Cura por el delito de “contrabando de estupefacientes con un inequívoco destino de comercialización” y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $43.605.000.000.
“Cura dijo en su descargo que solo fue un prestanombre para una operación de importación cuando, de las conversaciones a las que pudo acceder este juzgado, él estuvo atrás de dicha mercadería en todo el trayecto por nuestro país ocupándose no solo de darle un lugar protegido de almacenamiento, sino también corriendo con los gastos y, además, preocupándose para que el torno quede alistado para su exportación. Se ocupó de consignar en la documentación aduanera un modelo distinto al efectivamente verificado y acompañar especificaciones técnicas que no se correspondería con la real, todo ello con la finalidad de enmascarar el verdadero peso del equipo. A ello se sumaría que la habría declarado la máquina como nueva sin uso cuando, en realidad, era un bien usado, conforme será analizado en el acápite de la exportación”, sostuvo el juez Meirovich al fundamentar el procesamiento del sospechoso.
En su resolución, el magistrado procesó con prisión preventiva a Ramiro Franco Ureña, de 54 años, quien registró a su nombre la empresa utilizada como pantalla para la operación de exportación, por la que habría recibido cinco transferencias de 46.775 dólares, entre enero y mayo pasados, según el dictamen citado del Ministerio Público Fiscal.
En su declaración indagatoria, Franco Ureña sostuvo que “tanto él como su pareja habrían sido ‘utilizados’ y que nunca participó en maniobras ilícitas ni recibió contraprestación alguna, aclarando que se dedica a la actividad de chofer de taxi y que trabaja diariamente más de catorce horas”.
Otros dos sospechosos, entre ellos la pareja de Franco Ureña, una mujer de 49 años, fueron beneficiados con la falta de mérito y fueron liberados mientras se continúa la investigación.
“Puede sostenerse que nos encontramos frente a una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, caracterizada por un alto grado de planificación, sofisticación y complejidad operativa. La maniobra habría sido deliberadamente fraccionada en el tiempo y distribuida entre diferentes sujetos y estructuras societarias, de modo tal de diluir responsabilidades, dificultar el seguimiento por parte de las autoridades y maximizar las posibilidades de éxito en el traslado internacional del estupefaciente”, sostuvo el juez en la citada resolución.
Como informó LA NACION en su momento, la investigación, se había iniciado el 3 de junio pasado, cuando los fiscales argentinos recibieron una información de la Fiscalía Especial Antidrogas Algeciras, a cargo de la fiscal Macarena Arroyo Marín, por medio de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), que tuvo como finalidad “determinar la existencia de una organización narcocriminal de carácter trasnacional vinculada al contrabando marítimo de sustancias estupefacientes con destino a España, mediante la utilización de estructuras societarias y la simulación de operaciones de comercio internacional para el ocultamiento del material ilícito en las mercaderías transportadas, la cual tendría puntos de operación en este país”.
Puntualmente, según el expediente judicial, “se individualizó una operación de comercio internacional, la cual disfrazaría una maniobra de contrabando de sustancias estupefaciente a gran escala. Se trataba en ese entonces de una exportación que había culminado su etapa en la Argentina y que estaba en tránsito marítimo con destino final Algeciras”.
En la Argentina, a los fiscales se le sumaron en las tareas investigativas detectives de la División Operaciones Federales de Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA y de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los detectives judiciales y policiales argentinos pusieron bajo la lupa una “exportación a consumo” que se había oficializado el 27 de marzo pasado. Era la operación para enviar el citado torno industrial.
Se había declarado que la mercadería para exportar tenía un peso de 4000 kilos y que el valor de la transacción era de 50.000 dólares. Pero en realidad, según explicó el fabricante, el torno pesaba 3500 kilos: el excedente era la cocaína oculta.
Cuando el contenedor estuvo en un depósito fiscal, previo a su trasladado al puerto de Buenos Aires, fue inspeccionado por personal aduanero. Fue el 7 de abril pasado, previo al inicio de la investigación. “Sin novedades”, se afirmó en el informe.
Después, un inspector aduanero que cumple funciones en el Departamento de Investigaciones Narcotráfico Metropolitana de ARCA declaró como testigo. Hizo un relato de cómo fue el control realizado y afirmó que “existieron compartimentos de volumen considerable que no pudieron ser visualmente inspeccionados, en razón de tratarse de espacios estancos, es decir, partes centrales internas e inaccesibles para la inspección humana. Aclaró que la diligencia incluyó un binomio ‘guía-can’ y una inspección manual y visual y que no existió indicio alguno, en ese momento, que motivara la adopción de otras medidas de mayor intrusión respecto de la mercadería, a la vez que se encomendó la utilización de un escáner posterior, previo al embarque, control que también arrojó resultado negativo”, según se desprende del expediente judicial.
Según el dictamen donde el fiscal Navas Rial y la Procunar pidieron una serie de allanamientos y las detenciones de los sospechosos que actuaron en la Argentina, se explicó que el control aduanero no advirtió la carga contaminada por la “tecnología del método de ocultamiento utilizada, que no solo logró sortear dicha inspección, sino también la que habría sido realizada en el ingreso a España e incluso la efectuada meses antes en la frontera Villazón-La Quiaca, oportunidad en la que todo indica la maquinaria ya contenía el material estupefaciente en su interior”.
El torno industrial “contaminado” con cocaína salió del Puerto de Buenos Aires en el buque Czech el 7 de mayo pasado y llegó a Algeciras el 29 de junio último, donde estuvo casi dos meses hasta que fue retirado, el 25 de agosto. Después, tras un seguimiento hasta Badajoz, se secuestró la cocaína y fueron detenidos los sospechosos. En ese momento se sucedió una serie de allanamientos en la Argentina y en España donde se detuvo a los sospechosos.
“Ahora estamos trabajando para identificar a los dueños del cargamento, que serían narcos extranjeros”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.
