El Gobierno dejó en suspenso la aplicación de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad, pero al mismo tiempo dispuso una reasignación presupuestaria de más de $121.000 millones para reforzar las partidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y atender la actualización reclamada por los prestadores del sistema de prestaciones básicas.
La Ley 27.793 había establecido un paquete amplio de disposiciones. Entre los ejes centrales figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores, la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.
El Decreto 681/2025 destacó que la insistencia del Congreso con dos tercios en ambas cámaras obligó al Ejecutivo a promulgar la ley, pese al veto total que había dispuesto previamente mediante el Decreto 534/25. No obstante, indicó que su aplicación solo será posible una vez que se aprueben las partidas en el presupuesto nacional, cuyo proyecto para 2026 ya fue enviado al Congreso el pasado 15 de septiembre.
En los considerandos del decreto se advirtió que el impacto fiscal estimado de la norma asciende a $3,02 billones para el período 2025-2026, lo que representa 0,35% del Producto Bruto Interno, y que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento como lo exigen la Ley de Administración Financiera y la Ley 24.629 de normas complementarias del presupuesto.
Por otra parte, el Decreto 681/2025 señala que la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social demandaría $2,16 billones en 2025, equivalentes al 0,26% del PBI, y $4,7 billones en 2026, un 0,47% del producto. Además, calculó que el Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a los beneficiarios de pensiones, implicaría $574.200 millones este año y $1,23 billones el próximo, mientras que la compensación económica a prestadores significaría otros $278.323 millones.
En ese marco, la decisión de suspender la ejecución hasta la aprobación de partidas específicas respondió, según el texto oficial, a que aun utilizando todos los créditos disponibles en la administración central sería “imposible financiar plenamente las obligaciones previstas sin desfinanciar funciones esenciales del Estado».
En ese contexto, la Jefatura de Gabinete, resolvió avanzar en la reasignación de fondos a favor de la Andis. La Decisión Administrativa 24/2025 incrementa en $121.363.881.238 el presupuesto de la agencia, financiado con una reducción equivalente a los créditos asignados previamente a “obligaciones a cargo del tesoro”.
La reasignación busca garantizar, desde el 1° de octubre de 2025, la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, un reclamo que se intensificó en los últimos meses. De esta manera, aunque la ley en su conjunto quedó en suspenso, el Ejecutivo dispuso esta medida para responder a reclamos de prestadores de servicios para personas con discapacidad.
