La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha apuntado este lunes que España es uno de los pocos países europeos que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto y ha advertido de que su diseño actual presenta «limitaciones significativas» en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva.
Fedea ha publicado este lunes un estudio de Francisco García-Rodríguez (Universidad de Alcalá y Fedea) que evalúa los efectos redistributivos y sociodemográficos de distintas configuraciones del Impuesto sobre el Patrimonio en España.
El estudio simula ocho escenarios alternativos que varían en aspectos clave como el mínimo exento, la existencia de bonificaciones autonómicas, el tipo de activos incluidos en la base imponible y la estructura del gravamen.
Entre ellos se incluyen tanto reformas dentro del modelo español como la eliminación de exenciones y bonificaciones, como modelos externos inspirados en los sistemas de Noruega, Suiza, Francia e Italia, además de una propuesta de gravamen progresivo basada en la propuesta de Thomas Piketty.
Los resultados del informe reflejan que en prácticamente todos los escenarios la capacidad redistributiva del impuesto mejora respecto al diseño vigente. Las simulaciones revelan que los modelos menos selectivos –con bases más amplias y mínimos exentos más bajos– tienden a generar una mayor progresividad, ampliando el número de contribuyentes efectivos sin sacrificar equidad.
Además, el autor observa que el sistema actual está «altamente concentrado» en la parte más alta de la distribución, con una carga fiscal efectiva «muy desigual» entre territorios debido a la descentralización normativa.
El trabajo también identifica variaciones relevantes en el perfil sociodemográfico de los contribuyentes bajo cada escenario. Así, se analiza cómo características como el género, la edad, el tipo de hogar o la comunidad autónoma de residencia afectan a la probabilidad de tributar, destacando el impacto que tienen las reglas normativas sobre quién paga realmente el impuesto.
«Si bien el Impuesto sobre el Patrimonio tiene un peso recaudatorio modesto en el conjunto del sistema, su reforma podría desempeñar un papel relevante en la mejora del rendimiento redistributivo del sistema tributario, siempre que se aborden sus debilidades estructurales y se garantice un diseño normativo coherente», concluye el informe.
