La decisión del Ministerio del Interior de cancelar el servicio de seguridad para Delia Espinoza, ahora suspendida fiscal de la Nación, generó el rechazo de Luciano López, abogado de Espinoza, quien señaló directamente al Mininter y a la Policía Nacional del Perú (PNP) ante cualquier atentado que pudiera poner en riesgo la vida o integridad de su defendida.
Hasta el momento de ser suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia, Espinoza contaba con la protección del Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado (DEPPFEP). Sin embargo, la disposición del Mininter dejó fuera de la acción a esta unidad, pese a que la suspendida fiscal de la Nación advirtió posibles riesgos y pidió que no se retire su seguridad.
Pese a la solicitud de Espinoza, la protección le fue retirada y el abogado López denunció un trato desigual frente al caso de Patricia Benavides. Recordó que, aunque ella fue suspendida judicialmente como fiscal de la Nación, mantuvo medidas de protección y que el propio ministro Malaver afirmó públicamente que Benavides conservaría la custodia policial debido a su condición de personalidad pública.
“Es un trato diferenciado, y digo diferenciado porque, recordemos, que fue de público conocimiento que el mismo ministro Malaver indicó que se le mantendría la custodia, ya que la calificó, recuerdo, según los medios de comunicación, como una personalidad pública”, agregó el abogado. Sostuvo que retirar la seguridad a Espinoza vulnera el derecho fundamental a la igualdad de trato.
López calificó como lamentable la actuación de la PNP y subrayó que tanto el ministro del Interior, Carlos Malaver, como el director de la Policía Nacional, recibieron advertencias previas sobre los riesgos para su clienta. “Cualquier atentado contra la vida y la integridad de la doctora Espinoza es de entera responsabilidad del ministro (Malaver) y del director de la Policía Nacional porque fueron advertidos, y sobre todo si es que están actuando de manera diferenciada y arbitraria como es de público conocimiento”, declaró López a RPP.
JNJ justifica la decisión de suspender a Delia Espinoza
Por su parte, Wilber Medina, abogado de Gino Ríos, presidente de la JNJ, defendió en RPP la legalidad y regularidad del proceso disciplinario que llevó a la suspensión de Espinoza.
Según él, la JNJ actuó bajo sus competencias constitucionales y aplicó el procedimiento ordinario. “Lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia es ejercer sus competencias constitucionales. No hay que olvidar y recordarle a la gente que la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucionalmente autónomo, como lo es también el Ministerio Público”, explicó Medina.
El abogado de la JNJ detalló que, tras la nulidad dictada por el Tribunal Constitucional sobre los procesos inmediatos de destitución, la Junta solo puede aplicar el proceso ordinario disciplinario. En el caso de Espinoza, la investigación preliminar fue abierta tras una queja ciudadana y la negativa de la fiscal suspendida a reincorporar a Benavides, lo que constituye un presunto incumplimiento de deberes esenciales según la Ley de la Carrera Fiscal.
Medina expresó que la investigación duró 30 días hábiles, fue dirigida por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y culminó con la elaboración del informe final y la propuesta de suspensión.
El proceso disciplinario se formalizó el 15 de septiembre, coincidiendo con la anulación de la destitución de Benavides y la ratificación de Gino Ríos como presidente de la JNJ, tras superar una moción de vacancia. Medina afirmó que no existe un doble estándar y que la Junta actúa con el mismo rigor para todos los magistrados sometidos a proceso.
¿Delia Espinoza podría volver a la Fiscalía de la Nación?
López aclaró que la demanda de amparo presentada por Espinoza contra los miembros de la JNJ fue interpuesta antes del inicio del proceso disciplinario. El objetivo: solicitar la abstención de los integrantes de la Junta, dado que existía una demanda previa. El abogado indicó que este proceso de amparo no pretendía obstaculizar el procedimiento disciplinario, sino que se enmarca en un litigio originado en junio, tras la orden de reincorporar a Benavides en la Fiscalía de la Nación.
“El juicio preexiste, y digo preexiste, porque esa es la razón fundamental por la que nosotros le pedimos la abstención a los miembros de la Junta, porque los tenemos demandados con antelación al inicio del procedimiento disciplinario”, señaló López en RPP.
Sobre el futuro de Espinoza, López manifestó que, si la demanda de amparo es resuelta favorablemente, su defendida estaría dispuesta a reincorporarse como titular del Ministerio Público, cumpliendo la resolución judicial correspondiente.
