El tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión por corrupción le dio intervención a sus hijos Máximo y Florencia, ajenos al proceso, para que opinen sobre el decomiso de sus bienes, que la expresidenta les cedió como adelanto de herencia en 2016.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le dieron vista, además, a todos los acusados para que opinen sobre los bienes a decomisar hasta cubrir los 685 mil millones de pesos, que es la suma dispuesta en la sentencia como el producto del delito.
En los casos de Máximo y Florencia Kirchner, ambos fueron habilitados para opinar sobre el decomiso de los bienes que les traspasó su madre como parte de un adelanto de herencia en 2016.
Sin embargo, esta apertura a las defensas generó un enfrentamiento con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que instaron a que el tribunal avance con el remate de los bienes, sin necesidad de escuchar a las defensas.
Pero los jueces, por el contrario, les dijeron a los fiscales que eran indispensable escucharlos cuando estaba en juego del derecho de la propiedad y, también, una manera de evitar futuras nulidades.
“Observaciones descalificatorias”
Las rispideces entre los fiscales y los jueces vienen desde hace varias semanas. Y de hecho el tribunal oral, en su última resolución, lo describió así: “Desde el dictado de la sentencia en esta causa, el Ministerio Público Fiscal ha adoptado invariablemente la postura de realizar observaciones descalificatorias hacia las decisiones del tribunal”.
El tribunal sostuvo incluso que esas observaciones “se han traducido en diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal”.
Los jueces señalaron que ”esa actitud acaba derivando en una disposición impulsiva que olvida que el Ministerio Público Fiscal, por imperativo constitucional y legal, tiene por objetivo promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad».
En la misma línea, les reprocharon que “no se alcanza a comprender cómo podría conciliarse esa misión institucional con la pretensión de que se avance sobre un derecho tan fundamental, como lo es el de la propiedad, sin siquiera oír a las defensas”.
Tras esos comentarios, los jueces dispusieron “bajo la absoluta convicción de que apartarse del debido proceso podría generar la invalidez de lo actuado”, correr traslado a las defensas de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, a efectos de que se expidan respecto de los bienes identificados» para su decomiso.
Los jueces señalaron que “el traslado habrá de hacerse extensivo, en función de los bienes detallados por los Sres. Fiscales, y conforme lo solicitado, a los Sres. Máximo y Florencia Kirchner”.
Cajas de seguridad y plazos fijos
Esto ocurre porque la fiscalía entendió que entre los bienes a decomisar deben incluirse aquellos que estaban en poder de Cristina Kirchner en 2016 y que entregó a sus hijos como un adelanto de herencia.
Entre ellos se cuentan el 50 por ciento de varios inmuebles en El Calafate y el dinero de sus plazos fijos cedidos a Florencia Kirchner. Son los US$ 5,6 millones que fueron encontrados en una caja de seguridad y en una caja de ahorro en el Banco Galicia.
Los fiscales entienden que son esos fondos los que se deben decomisar, junto con el resto de los bienes de Cristina Kirchner. Por eso los jueces del tribunal oral les corrieron traslado a los hijos de la expresidenta, para que defiendan su posición en este proceso, a pesar de que no están entre los imputados en la causa de Vialidad.
Los jueces dispusieron avanzar con el decomiso de “aquellas incorporaciones patrimoniales que sean concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal objeto de este proceso, que abarca el período comprendido entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015″.
Los fiscales identificaron la semana pasada una serie de bienes que debían ser ejecutado, pero cuestionaron al tribunal oral por la manera en que estaba llevando el proceso. Ofrecieron un listado donde señalan más de 140 bienes “decomisables” con los que es posible comenzar a cubrir aquel monto, que al cambio oficial equivale a más de 530 millones de dólares.
Es una lista no exhaustiva e incluye más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Báez o de sus compañías; otros 20 de la expresidenta en Santa Cruz –la mayoría cedidos a sus hijos Máximo y Florencia-; y una veintena de propiedades que son del resto de los funcionarios condenados. Por caso, el exsecretario de Obras Públicas José López figura con cinco inmuebles.
La ejecución de la pena comenzó a correr desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022. El decomiso de los bienes, sin embargo, aún no se ejecutó.
