CÓRDOBA.- Un nuevo capítulo sumó la historia de Gabriela Nahir Fernández, detenida en la cárcel de mujeres de Bouwer en Córdoba tras obtener el reconocimiento de su cambio de género y haber violado a siete internas. La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, pidió la elevación a juicio de la causa iniciada por esas violaciones, que tienen el agravante de haber contagiado a las mujeres de sífilis.

Fernández está acusada de “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

Además, el fiscal Juan Ávila Echenique considera que en uno de los hechos es coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores. Es que en ese ultraje habría actuado acompañada de otras dos detenidas. En otro caso se le agrava la acusación por el uso de arma en grado de tentativa.

En la causa también están imputadas Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya como probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos.

Fernández ingresó a la cárcel en octubre del 2016 llamándose Gabriel, estaba condenado a tres años de prisión por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. En 2018 dijo autopercibirse mujer por lo que fue trasladada al pabellón femenino de la cárcel de Bouwer con el nombre de Gabriela Nahir Fernández. Allí violó a sus compañeras.

Cuando la Justicia le otorgó la libertad condicional, una nueva pareja de género femenino la denuncia, pero con su nombre masculino. Por esas acusaciones volvió a la cárcel en 2023 y hace un año la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Fernández y ordenó trasladarla a una celda sin contacto con mujeres ni con hombres.

“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”, plantea aquella sentencia.

Los jueces reconocieron que, “paradójicamente” se encuentran “ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”.

Cuando salió ese fallo de Cámara, la abogada de Fernández, Alfonsina Muñiz, dijo que “no se identifica tampoco con el género femenino” y planteó la necesidad de debatir si las cárceles están preparadas para quienes no se perciben de un género u otro.

Repercusiones nacionales

El caso fue abordado por la ministra Patricia Bullrich en sus redes en ese momento. “La autopercepción es una mentira para seguir haciendo adentro lo que hacía afuera (…). Esto sucedió en la cárcel provincial de Bouwer. No podemos dejar que nos engañen para repetir el delito que cometieron en la calle. Nosotros en las cárceles federales no lo permitimos”.

Después, el presidente Javier Milei anunció que iba a prohibir el cambio de género en las cárceles federales. Bullrich, entonces, comentó que el Gobierno busca impedir el “uso, abuso y engaño” de detenidos. “Si entra como travesti a la cárcel, el preso va a ser tratado como tal. O si una persona cometió un delito autopercibida como mujer, ya está, tomó la decisión antes de entrar”, agregó.