Surgida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació con los objetivos de mantener la paz y la seguridad internacional, contribuir a la resolución pacífica de los conflictos y asegurar el respeto a los derechos humanos en todo el planeta. Ochenta años después, estas metas están muy lejos de hacerse realidad y la ONU no logra cumplir cabalmente la misión para la que fue concebida.
La falta de consensos ha llevado a la parálisis de su principal órgano, el Consejo de Seguridad, donde los vetos cruzados de sus miembros permanentes impiden avanzar en la resolución de las principales crisis internacionales. Mientras tanto, el regreso de las denominadas “esferas de influencia” de las grandes potencias supone la negación del sacrosanto principio de soberanía de los Estados que dio luz a la institución madre del multilateralismo.
La ONU, una organización cuestionada y desfinanciada
“El sistema de la ONU atraviesa una crisis de credibilidad, y no es seguro que los miembros de la organización tengan los recursos o la energía política para salvarlo”, sostiene, por su parte, el analista del International Crisis Group (ICG), Richard Gowan, quien habla de la “creciente sensación de angustia existencial” que reina en la institución.
“Frente al cúmulo de recortes presupuestarios y el rediseño de los organigramas, los diplomáticos y funcionarios internacionales dedican comparativamente poco tiempo a discutir cuáles deberían ser los objetivos de una ONU reducida”, añade el experto, director de Naciones Unidas en el ICG.
El actual secretario general de la organización, el portugués António Guterres –quien finaliza su segundo y último mandato el 31 de diciembre de 2026– ha reconocido la necesidad de someter a la ONU a “un escrutinio riguroso y regular para evaluar su idoneidad para el cumplimiento eficiente de sus objetivos”. Subraya, asimismo, que el presupuesto de Naciones Unidas “no es solo números de un balance”, sino “una cuestión de vida o muerte para millones de personas en el mundo”.
La impostergable reforma del Consejo de Seguridad
El mayor obstáculo para una democratización de la ONU es la demorada reforma del Consejo de Seguridad. Tal como explica a DEF Rafael Grossi, el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y firme candidato a suceder a Guterres, “el problema fundamental radica en que el establecimiento de la arquitectura básica de las Naciones Unidas fue el resultado de un gran movimiento de placas tectónicas tras la Segunda Guerra Mundial”.
“En cambio –añade Grossi–, la reforma que se plantea ahora no sería el resultado de una gran conflagración mundial, sino de un proceso deliberativo y consensuado, lo que hace que sea más complejo para muchos países ceder o compartir su autoridad de manera voluntaria”.
Actualmente, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, cinco permanentes –EE.UU., China, Rusia (como sucesora de la Unión Soviética), Reino Unido y Francia– y 10 no permanentes, que rotan con mandatos de dos años sin posibilidad de ser reelectos en un período sucesivo inmediato.
Con vistas a la reforma de ese órgano, en 2005, se conformó el llamado “Grupo de los Cuatro” (G4), integrado por Alemania, Japón, Brasil e India. Proponen un Consejo formado por un total de 25 países, de los cuales 11 serían miembros permanentes y 14 no permanentes. Los seis nuevos miembros permanentes incluirían dos Estados de África, dos de Asia-Pacífico, uno de América Latina y el Caribe, y el restante de Europa. En teoría, los cuatro integrantes de este grupo −Alemania, Japón, Brasil e India− apoyan sus respectivas candidaturas a miembros permanentes.
En respuesta a ellos, se constituyó la coalición “Unidos por el Consenso” −también conocida como “Coffee Club”−, integrada actualmente por 12 países, entre ellos, Italia, España, Argentina, Canadá, México, Turquía, Corea del Sur y Pakistán. Plantean un Consejo formado por 27 países, dentro de los cuales quedaría intacto el número de miembros permanentes (los cinco actuales) y los 22 no permanentes representarían a grupos regionales de forma rotatoria con posibilidad de ser reelectos por un período consecutivo. Ellos incluirían seis africanos; seis de Asia-Pacífico; cinco europeos; cuatro de América Latina y el Caribe; y uno reservado a los pequeños Estados insulares.
El Pacto por el Futuro, ¿una actualización de la Agenda 2030?
Durante la anterior Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre de 2024, la ONU aprobó el Pacto para el Futuro, que incluye 56 acciones y dos anexos. Este instrumento, que fue adoptado por consenso y sin necesidad de ser sometido a votación, se inscribe en la continuidad de la Agenda 2030, el instrumento aprobado hace diez años en esa misma instancia.
También conocido como “Agenda 2045”, el nuevo documento se centra en cinco grandes áreas: el desarrollo sostenible y el financiamiento para el desarrollo; la paz y la seguridad internacionales; la ciencia, la tecnología, la innovación y la cooperación digital; la juventud y las futuras generaciones; y la transformación de la gobernanza global. Este último ítem incluye la reforma del Consejo de Seguridad, al reconocer, de una manera genérica y sin dar precisiones, la “urgente necesidad de que sea más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático”.
“El Pacto para el Futuro es un compromiso compartido con un mundo más justo, sostenible y seguro. Pero una promesa solo cobra sentido cuando se traduce en hechos”, señaló, tras aprobarse el texto, el diplomático camerunés Philémon Yang, presidente de la 79.° Asamblea General de la ONU. En tono de advertencia, a su turno, el secretario general, António Guterres, lamentó que las “divisiones geopolíticas y la desconfianza” estuviesen “bloqueando una acción efectiva” de la Agenda 2030.
Los cascos azules y los nuevos desafíos a la paz mundial
Otro gran foco de atención de la comunidad internacional son las operaciones de paz, que han evolucionado con el correr de los años y hoy enfrentan nuevos desafíos. Un hito clave fue la adopción en 2005 de la doctrina de la “responsabilidad de proteger”, conocida por su sigla en inglés “R2P”. La misma fue diseñada para actuar frente a graves violaciones de los derechos humanos y crímenes atroces cometidos por los gobiernos, como sucedió en 1994 con el genocidio de la población tutsi en Ruanda y la matanza de musulmanes a manos de fuerzas serbobosnias en Srebrenica en 1995.
Las misiones de los cascos azules se desarrollan en contextos cada vez más difíciles, que involucran no solo actores estatales, sino grupos irregulares que cuentan con arsenales cada vez más sofisticados. “El personal de mantenimiento de la paz tiene que vérselas con terroristas, delincuentes y grupos armados, muchos de los cuales poseen acceso a poderosas armas modernas y un interés particular en perpetuar el caos en el que prosperan”, subrayó António Guterres en 2022, durante un debate sobre los nuevos retos a la paz mundial.
En el plano financiero, también existen reclamos, que se plasmaron en un estudio independiente encargado por Guterres al Departamento de Operaciones de Paz de la ONU en 2024. “Si bien un número cada vez mayor de Estados miembros de las Naciones Unidas está pagando sus cuotas íntegra y puntualmente, las operaciones de mantenimiento de la paz siguen sufriendo una escasez de contribuciones para honrar las asignaciones aprobadas por la Asamblea General”, indicó el reporte, titulado “El Futuro del Mantenimiento de la Paz, Nuevos Modelos y Capacidades Relacionadas”.
En vísperas de su 80.° aniversario, los debates sobre el funcionamiento de la ONU siguen abiertos. Más allá de ciertos consensos transversales, las propuestas aún no logran traducirse en reformas concretas que permitan democratizar el proceso de toma de decisiones y dotar a la organización de los recursos para cumplir con los objetivos que le dieron vida en 1945.
