El debate sobre la reforma a la salud en Colombia escaló tras la advertencia hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social: la ponencia alternativa presentada en el Congreso podría implicar que más de 60 billones de pesos provenientes de los impuestos de los ciudadanos terminen en manos de las EPS durante los próximos cinco años.
Esta cifra, según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, representa un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema y un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El comunicado oficial de la cartera de Salud expone que la propuesta alternativa, radicada por la senadora Norma Hurtado ante la Comisión Séptima, mantiene la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos públicos por parte de las EPS.
El ministro subrayó que, pese a los informes oficiales que evidencian la creciente insolvencia financiera de estas entidades, su ineficiencia en la gestión del gasto y la acumulación de deudas con hospitales, clínicas y proveedores, la ponencia alternativa perpetúa un modelo que concentra los recursos sin controles efectivos.
Jaramillo detalló que los 60 billones de pesos se recaudarían a través de impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB en los próximos cinco años.
Según sus palabras, “esto significaría perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos, acelerando el colapso del sistema de salud y dejando en segundo plano la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos”, tal como denunció en el comunicado difundido por el ministerio.
