El Gobierno ha defendido el cumplimiento de «todas las previsiones normativas» en las visitas que recibió en prisión Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, tras preguntar el PP por un posible intento de «comprar su silencio» en el periodo que estuvo encarcelado preventivamente por decisión judicial.
«Tanto en el caso que se refiere, como en el resto, se informa de que se han cumplido todas las previsiones normativas incluyendo, como no puede ser de otra manera, los aspectos identificativos y de registro de visitas», ha sostenido el Gobierno en una respuesta parlamentaria fechada el 16 de septiembre y a la que ha tenido acceso Europa Press.
La pregunta registrada por los diputados del PP Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez pedía información sobre la «entrada de dos personas sin identificar, según consta en el libro de visitas, en la prisión de Soto del Real para visitar al empresario Víctor de Aldama para supuestamente ofrecerle beneficios y tratos de favor».
El principal partido de la oposición se refería a una supuesta visita el 15 de noviembre de 2024 en Soto del Real. El PP se remitía a las declaraciones realizadas por el propio Aldama sobre que «quisieron comprar su silencio», apuntando a la posibilidad de que fueran agentes de la Policía Nacional, previa autorización del ministro del Interior o del secretario general de Instituciones Penitenciarias.
QUEJAS TAMBIÉN SOBRE SANTOS CERDÁN
Sin embargo, el Gobierno ha defendido el cumplimiento de «todas las previsiones normativas» en lo referido a identificaciones y registro de visitas.
«Las comunicaciones llevadas a cabo por las personas privadas de libertad se encuentran amparadas en la legislación penitenciaria y se llevan a cabo cumpliendo todos y cada uno de los requisitos de esta normativa, y tal y como las instrucciones y órdenes de desarrollo establecen», ha añadido el Ejecutivo.
Cabe recordar que el PP también pidió a finales del pasado mes de julio el cese del responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, acusándole de no facilitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la agenda de visitas en la cárcel del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán y, en su opinión, «obstruir» las investigaciones del ‘caso Koldo’.
El 23 de julio, Instituciones Penitenciarias –dependiente del Ministerio el Interior– había confirmado su negativa a informar a la UCO sobre las visitas que recibe Cerdán en Soto del Real. Fue la propia unidad de la Guardia Civil la que le había reclamado esta información pero, ante la duda planteada por Prisiones, el Tribunal Supremo contestó que se debía actuar según normativa.
REUNIONES DE LEIRE DÍEZ CON ALTOS CARGOS DE INTERIOR
El PP también registró preguntas parlamentarias sobre las supuestas reuniones con altos cargos del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, después de que estos dos últimos buscaran información comprometedora contra la UCO que justificaron con la publicación de un libro.
El 25 de junio, Marlaska negó en el Congreso que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, hubiera tenido «cualquier conversación o visita» de Leire Díez, algo que el Gobierno ha hecho extensivo también al director general de la Policía, Francisco Pardo.
En una respuesta parlamentaria fechada el 16 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno contesta al PP que «no consta que ni el director general de la Policía ni el director adjunto operativo (DAO) hayan celebrado reunión alguna como las descritas, ni tampoco consta que se haya recibido verbalmente o por escrito solicitud alguna para mantener una reunión».
