Este lunes arrancaron en el Senado de la República las audiencias públicas sobre la reforma de Amparo, ien las cuales las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos escuchan a diversos expertos en la materia.
El debate en torno a la reforma de la Ley de Amparo se ha intensificado debido a la percepción de que la propuesta podría restringir la protección judicial para colectivos vulnerables, como comunidades indígenas, grupos ambientalistas y padres de niños con cáncer.
Durante el primer bloque de las Audiencias Públicas, las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos del Senado escucharon a especialistas y académicos que analizaron los alcances y riesgos de la iniciativa, con especial atención al juicio de amparo digital, las suspensiones y el concepto de interés legítimo.
El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, advirtió que los cambios propuestos podrían tener consecuencias negativas, ya que, según su análisis, la iniciativa prohíbe suspender actos de la Unidad de Inteligencia Financiera y actividades relacionadas con el lavado de diner
o. Esta restricción, en su opinión, representa una afectación directa a los derechos de los ciudadanos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, José Ángel Santiago Ábrego, alertó que la propuesta introduce la noción de interés público, lo que podría llevar a que los jueces nieguen medidas cautelares si consideran que la suspensión afecta proyectos gubernamentales o la recaudación.
Según sus palabras, “propiciará que los jueces adopten un atajo metodológico para sostener que, si la suspensión afecta algún proyecto o programa de gobierno o la recaudación, entonces afecta al pueblo, negando, en consecuencia, la medida cautelar”.
La magistrada en materia Administrativa Ileana Moreno Ramírez señaló la necesidad de precisar la redacción de la iniciativa, especialmente en lo relativo al interés legítimo y su impacto directo en los beneficiarios.
Por otro lado, el abogado Ulrich Richter Morales defendió que la inclusión de un nuevo párrafo en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, relativo al interés legítimo, no implica una limitación de derechos ni contradice la jurisprudencia existente.
Según Richter Morales, la reforma no restringe la defensa de causas como el medio ambiente, los derechos de los consumidores o los de la comunidad LGBT, a pesar de las críticas de diversos sectores.
En el ámbito legislativo, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que “no sorprende que la oposición esté en contra de la propuesta de reforma, pero la Cuarta Transformación está de cara al pueblo con este ejercicio, además de que la iniciativa responde a la transformación que se hizo al Poder Judicial”.
Desde la bancada del PAN, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez advirtió que la propuesta restringe los amparos colectivos, lo que afecta a sectores como comunidades indígenas, grupos ambientalistas y padres que solicitan medicamentos para sus hijos con cáncer.
“Estamos hablando de amparos que pueden promover comunidades indígenas, grupos ambientalistas o padres que piden medicamentos para sus hijos con cáncer”, expresó.
La senadora de MC y también secretaria de la Comisión de Justicia, Alejandra Barrales Magdaleno, alertó que la reforma, en su forma actual, representa un retroceso, ya que pondría en riesgo una de las figuras jurídicas más relevantes para la protección de los ciudadanos.
Finalmente, el senador sin grupo parlamentario Erik Iván Jaimes Archundia planteó la necesidad de definir con mayor claridad el concepto de interés legítimo en la iniciativa, con el objetivo de evitar cualquier restricción a los derechos de las personas.
