El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional haber participado en la presunta investigación privada desde su grupo empresarial CENYT al empresario marbellí Felipe Gómez Zotano, argumentando que estaba centrado en «muchos temas de encargos oficiales». «Estaba con mil líos», ha asegurado.
Al declarar como acusado en el juicio, en el que la Fiscalía reclama que sea condenado a nueve años de cárcel, Villarejo ha dicho que «en absoluto» participó ni en una hoja de encargo ni en un informe prejudicial por el encargo que habría realizado Marzena Katarzina al Grupo CENYT para que investigaran al empresario con el objetivo de trazar una estrategia legal que le permitiera a ella recuperar un dinero que reclamaba por una disputa inmobiliaria.
Villarejo ha afirmado que «en aquella época», el año 2015, tenía abiertos «40 o 50 temas legales», antes de añadir que estaban en proceso de abrir un despacho de abogados en Marbella, una labor que «llevaba directamente Rafael Redondo», su socio.
«Nadie me preguntó nunca ni por el señor Zotano ni por la señora que hizo la petición. Nunca. No tenía ni idea porque tampoco lo tenía en la mayoría de los temas que se llevaban en el despacho de abogados, únicamente me enteraba cuando yo era el que traía al cliente, pero en este caso no fue así», ha sostenido.
El comisario jubilado ha declarado que «tenía muchísimas cosas y estaba con mil líos, con muchos temas de encargos oficiales». «Es un tema puramente del despacho de abogados», ha insistido, para negar también, al igual que en otros juicios de la macrocausa ‘Tándem’, que utilizara información de la Policía para su actividad privada.
ACCESO A DATOS POLICIALES NO ABIERTOS
Sin embargo, según la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo asumió el 24 de julio de 2015 como titular real del Grupo CENYT, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie –integrada en dicho grupo–, el encargo de Katarzina para realizar una investigación y ejercitar las acciones penales y civiles con motivo de los conflictos que mantenía con Gómez, autorizando la contratación y supervisando su posterior desarrollo y, concretamente, el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.
«Tales conflictos tenían su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos habían celebrado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga) propiedad de Gómez Zotano y habían dado lugar a la presentación por parte de Katarzina de una querella tramitada en los Juzgados de Marbella, que terminó siendo sobreseída, así como a diversos procedimientos civiles de reclamación de cantidad», indica en su escrito de acusación, recogido por Europa Press.
En la ejecución del citado encargo –tanto en el ejercicio de las acciones judiciales como en la investigación sobre Gómez– «intervino también, por cuenta del Grupo CENYT y en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, el encausado Rafael Redondo», añade la Fiscalía, que sitúa al resto de mandos policiales dentro de la «organización criminal».
Villarejo, en cumplimiento del encargo realizado por Katarzina, «con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación que culminó en un denominado informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella que conocía de la querella que habían presentado contra Gómez Zotano». En el curso de esa investigación, añade, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario, según el Ministerio Público.
Anticorrupción precisa que «no consta que Katarzina realizara pago alguno a ninguno de los encausados, ni al bufete Stuart & Mckenzie ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo CENYT».
«Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo, como titular real de CENYT, y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Gómez Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas», expone.
La Fiscalía, que atribuye a Villarejo presuntos delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, solicita además ocho años de prisión para el exinspector Constancio Riaño, así como cuatro años y nueve meses para el exinspector Antonio Bonilla y Rafael Redondo, socio del comisario jubilado, que por problemas de salud será juzgado en otra fecha.
