Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su ladero, Matías Ozorio, son los últimos detenidos por los asesinatos de Morena Verri, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.
El traficante quedará bajo custodia de las autoridades peruanas mientras se formaliza el pedido formal de extradición que solicitaría la Justicia argentina en las próximas horas. Ozorio, que no registraba ingreso legal al Perú, será sometido a un procedimiento de expulsión.
La investigación del caso, a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico y ya registra nueve arrestos.
Florencia Ibáñez y su tío Lázaro Víctor Sotacuro son los únicos detenidos que, hasta el momento, declararon ante el fiscal Arribas. Los otros cinco arrestados-dos parejas arrestadas el martes pasado y Ariel Giménez, quién habría cavado el pozo para sepultar los miembros de las víctimas,- mantuvieron el silencio durante las indagatorias.
Asimismo, la policía busca al “Rengo Nico”, un presunto narco con vínculo con una de las tres chicas asesinadas y a un prófugo más cuya identidad aún no logró establecer. Este martes efectuará veinte allanamientos para intentar desmantelar a toda la banda.
Cronología de los arrestos
El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio -donde finalmente fueron encontrados los cuerpos de las víctimas- se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, y otra encargada de limpiar la escena del crimen. Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.
Los cuatro se negaron a declarar en las indagatorias y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
Al día siguiente, la policía arrestó a ocho personas, acusadas de integrar la organización que asesinó a las chicas de La Matanza, durante allanamientos en Villa Zavaleta. Sin embargo, habrían quedado en libertad, ya que ninguno de los sospechosos quedó formalmente imputado.
En tanto, el sábado, Ariel Giménez, un joven de 29 años, fue capturado acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. El lunes también se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. Para los investigadores, el encargado de cavar la fosa y la preparación del terreno antes de los asesinatos constituyen un indicio clave de premeditación.
Florencia Ibáñez, sobrina política de Lázaro Víctor Sotacuro, se convirtió en la séptima persona detenida por su presunta vinculación con los homicidios. Se cree que la joven ofreció soporte logístico a su tío detenido, Sotacuro, quién habría participado en el traslado de las víctimas hasta la vivienda en Florencio Varela, donde fueron ejecutadas. Fue registrado por una cámara de seguridad arriba de una Volkswagen Fox blanca durante la noche del crimen.
Tras el hallazgo de los cadáveres, Sotacuro se fugó hacia Bolivia y se escondió en un hostal de la ciudad fronteriza de Villazón. Allí fue capturado días después por la policía local, en coordinación con fuerzas argentinas. Luego de su indagatoria, volvió a ser trasladado al penal nuevamente al penal de Sierra Chica para garantizar -según su abogado, Guillermo Endi,- su seguridad tras numerosas amenazas que recibió del grupo de narco. Tanto Ibáñez como Sotacuro habrían aportado “información sensible” que contribuyó a las detenciones de Pequeño J y Ozorio.
