La minería argentina enfrenta una oportunidad histórica para consolidarse como motor de la economía y diversificar la matriz exportadora. La puesta en marcha de proyectos bajo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) permite retomar desarrollos postergados, mientras provincias como Salta proyectan recibir inversiones sin precedentes en la próxima década. El crecimiento dependerá de infraestructura, capital humano calificado y de políticas locales que integren proveedores y aseguren la sustentabilidad de los proyectos.
La industria minera en Argentina comenzó a consolidarse como un sector estratégico, no solo por su capacidad de generar empleo y divisas, sino también por su potencial para diversificar la matriz productiva del país. En este marco, Flavia Royón, exsecretaria de Energía y actual secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, señaló en el primer summit de minería organizado por LA NACION: “las ventajas comparativas de Argentina son los recursos, tanto en energía como en minería, y nuestra condición de proveedor seguro en un contexto internacional cada vez más exigente y geopolíticamente complejo”.
Royón destacó que la creciente demanda global de minerales como litio, cobre, plata, uranio, cobalto y níquel estaba impulsado por cuatro transiciones simultáneas: energética, digital, tecnológica y demográfica. “La transición energética demanda más minerales porque todas las tecnologías renovables —solar, eólica— requieren recursos que Argentina posee. Además, la digitalización y la seguridad tecnológica aumentan esa demanda y generan una oportunidad histórica para el país”, explicó.
La funcionaria subrayó el papel del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta clave para viabilizar proyectos de gran escala. “En el caso del litio, la caída pronunciada de los precios internacionales redujo la actividad de exploración. El RIGI llegó como un contrapeso y permitió que aquellos proyectos con ampliaciones previstas retomaran su desarrollo”, afirmó.
En cuanto al impacto económico local, Royón señaló que en Salta la minería generaba alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos. “Cuando lo mirás en el contexto provincial, tiene un efecto transformador. Experiencias en San Juan, Jujuy y Catamarca muestran cómo la minería puede cambiar la matriz productiva y fortalecer la economía regional”, dijo.
El desarrollo minero, según Royón, no solo depende de los recursos naturales, sino también de la infraestructura. Destacó la importancia de rutas, líneas de alta tensión y ferrocarriles como palancas para garantizar la competitividad de los proyectos. “Detrás de una ruta pavimentada no solo hay salida competitiva para la minería; también se habilitan canales más eficientes para otros sectores, como la agricultura y la energía renovable”, explicó.
Sobre los plazos de impacto, Royón advirtió que los proyectos de gran escala requieren un mínimo de tres años de construcción, por lo que los efectos sobre exportaciones y generación de divisas se proyectan hacia 2028-2029. “Siempre hay que nivelar expectativas. El RIGI no es una lluvia de dólares inmediata; son inversiones complejas que se materializan en el mediano plazo”, señaló.
Respecto a las oportunidades para las provincias, la exsecretaria de Energía destacó la función clave de los gobernadores en la definición de políticas locales y en la interacción con los inversores. “Los recursos son de las provincias. Hoy es un momento histórico para fijar políticas que aseguren contratación local, industria nacional y licencia social, y para que la inversión extranjera se traduzca en beneficios sostenibles”, afirmó.
Royón también reflexionó sobre el papel de la minería en la diversificación de la matriz exportadora argentina. “Hoy el país depende principalmente de alimentos y petróleo y gas. La minería puede constituirse como un tercer motor generador de dólares, con alto balance positivo porque de cada US$10 que genera, demanda menos de US$4 en importaciones”, explicó.
