El Ministerio Público recuperó los restos de cuatro personas asesinadas en 1985 por ronderos que colaboraban con militares en la provincia de Huanta, región de Ayacucho. La exhumación se realizó en el paraje de Piedray, distrito de Putis, en el marco de las acciones orientadas a esclarecer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Hallazgos en Piedray, Putis
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho encabezó la diligencia de exhumación con el respaldo del Equipo Forense Especializado. La fiscal adjunta provincial Noelia Jackelin Anaya Laime y el perito arqueólogo Fredy Yaranga Loayza desarrollaron el procedimiento en coordinación con habitantes del centro poblado de Rodeo.
Las investigaciones determinaron que en 1985, un grupo de habitantes que se resguardaba en la zona de Piedray fue sorprendido por ronderos procedentes de Marccaraccay, quienes respaldaban las operaciones de la base militar de Putis. En ese hecho, Modesta Vargas y su hijo menor, Cande Quispe, junto con María Mendoza, Teobaldo Cavalcanti y Marcelino Lunasco fueron asesinados. Además, Guillermo Quispe y Eusebio Mendoza murieron por el uso de explosivos.
Tras estos crímenes, otras siete personas, entre ellas menores de edad y una mujer embarazada, resultaron detenidas y posteriormente liberadas. Los familiares de las víctimas, al retornar a la zona, inhumaron los cuerpos en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.
Detalles forenses y testimonios de la recuperación
Durante las recientes diligencias, los peritos localizaron solo fragmentos del cráneo de Guillermo Quispe. El hallazgo se produjo en el sitio donde, según el testimonio de los pobladores, un vecino protegió los restos con piedras formando una suerte de altar. El informe forense indica que el resto del cuerpo pudo haber sido dispersado por animales salvajes.
En el caso del menor Cande Quispe, se identificó una pequeña matriz de tierra de forma oval al lado del lugar donde fue sepultada su madre. El Ministerio Público subrayó que estas acciones forman parte del proceso de recuperación y restitución de los derechos de las familias de las víctimas del periodo de violencia.
“Con la recuperación de estos restos humanos, la Fiscalía reafirma su compromiso con la memoria, justicia y reparación para los familiares”, indicaron autoridades del organismo.
Violencia política en Ayacucho, según la CVR
De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el conflicto armado interno en Perú cobró la vida de cerca de 70.000 personas entre 1980 y 2000. El mayor impacto de la violencia se concentró en regiones como Ayacucho. La CVR atribuye la responsabilidad principal de las muertes y desapariciones a Sendero Luminoso, seguido por fuerzas estatales, entre ellas miembros del Ejército, la Policía Nacional y grupos civiles armados como las rondas campesinas.
Los casos de ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron en diversos distritos andinos en medio de enfrentamientos y operaciones contrainsurgentes, dejando miles de familias afectadas y zonas rurales marcadas por la impunidad.
Ejecuciones extrajudiciales en Putis (1984)
Putis destaca en la memoria colectiva por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1984, cuando efectivos militares dieron muerte a más de un centenar de habitantes del lugar, bajo la sospecha de vínculos con grupos insurgentes. Los sobrevivientes y familiares continúan reclamando justicia ante la magnitud de estos crímenes.
Las operaciones recientes del Ministerio Público en la sierra de Ayacucho buscan documentar, identificar y entregar los restos de víctimas a sus familias, en colaboración con equipos forenses y organizaciones de derechos humanos. Los resultados de la diligencia en Piedray forman parte de los esfuerzos por restaurar la dignidad de las personas afectadas y contribuir a la verdad histórica.
