Gavin Newsom firmó la Ley AB 288, una norma que cambia el modo en que los trabajadores de California pueden defender sus derechos frente a prácticas desleales. Con este objetivo, se amplía la jurisdicción de la Junta de Relaciones de Empleo Público (PERB, por sus siglas en inglés) y se brinda un respaldo directo para empleados que no reciban protección adecuada.
Qué establece la ley AB 288 en California
El texto legislativo se centra en el derecho de los trabajadores a organizarse y en el papel de las organizaciones sindicales.
Su punto clave es que California podrá intervenir cuando la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) no actúe de manera suficiente para resguardar a los empleados.
El estado gobernado por Newsom fundamenta la iniciativa en la necesidad de utilizar sus poderes para regular las condiciones laborales y garantizar beneficios legítimos de sindicalización, especialmente en un escenario donde los trabajadores queden sin representación efectiva.
Cuáles son los derechos que la ley otorga a los trabajadores en California
La ley AB 288 se diseñó bajo la premisa de que California no puede dejar a sus trabajadores sin defensa. El texto legal afirma que el estado tiene tanto el derecho como la responsabilidad de regular condiciones laborales y preservar los beneficios legítimos de la organización sindical.
En la práctica, esto significa que la administración estatal intervendrá cuando se detecte que la NLRB no actuó de manera efectiva o cuando los trabajadores enfrenten una situación de desamparo frente a sus empleadores. Estas son las ventajas concretas que la ley otorga a los empleados para reforzar su posición:
1. Protección Ampliada: cuándo PERB podrá ocupar el lugar de la NLRB
Este beneficio es fundamental. La expansión de la jurisdicción de PERB asegura que los trabajadores tengan acceso a un proceso de aplicación de la ley cuando el sistema federal falla.
Así, podrá intervenir y proteger los derechos del trabajador si este está sujeto a la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) pero la NLRB ha cedido jurisdicción expresa o implícitamente. Por ejemplo, cuando un caso permanece pendiente ante un director regional por más de seis meses sin emitirse una queja o una certificación de elección o si pasan más de 12 meses sin que se emita una decisión final.
Esta expansión de la jurisdicción permite a los trabajadores -que de otra manera serían perjudicados por la incapacidad de la NLRB de proporcionar reparación significativa y oportuna- acceder a un proceso para vindicar sus derechos de autoorganización y negociación colectiva.
2. Mayor Apoyo: creación del Fondo de Cumplimiento de PERB
La norma proporciona los recursos necesarios para que su aplicación sea efectiva y tiene un efecto disuasorio directo sobre los empleadores que rompen la ley.
Para ello se establece el Fondo de Aplicación de la Junta de Relaciones de Empleo Público en la Tesorería Estatal. De esta manera, cualquier sanción civil impuesta a un empleador que infrinja las leyes laborales deberá depositarse en este fondo.
Si PERB encuentra que un empleador incurrió en un patrón o práctica de cometer prácticas desleales, puede evaluar sanciones civiles de US$1000 por trabajador. Estas medidas directas benefician a los trabajadores al responsabilizar a los empleadores y desalentar futuras acciones similares.
3. Derecho a la autoorganización y a tener voz sobre las condiciones laborales
La ley busca garantizar que los trabajadores no se vean obligados a abandonar sus esfuerzos por mejorar sus condiciones. Por ello, protege el derecho de los trabajadores a la plena libertad de asociación y autoorganización, a designar representantes de su elección, y a participar en acciones colectivas efectivas y expeditas que resulten en un convenio colectivo. Esto fomenta el control de los empleados sobre las condiciones de su vida laboral.
Una ley que también impacta en los sindicatos
La AB 288 también fortalece la relación entre sindicatos y trabajadores. Al otorgar a la PERB un papel protagónico, se crea un marco donde las organizaciones laborales cuentan con un aliado adicional frente a las empresas que ignoren la normativa.
En ese contexto, la ley no solo protege a empleados individuales, sino que también amplía la capacidad de acción de los sindicatos en negociaciones colectivas y en reclamos formales.
