La Inspección de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha contestado al magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, que «carece de competencia» para suspender en el cargo a Álvaro García Ortiz por el juicio al que se enfrentará entre el 3 y el 13 de noviembre por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un breve oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, el ‘número dos’ de la Inspección Fiscal, Javier Rufino Rus, comunica a Hurtado que «no existe en esta unidad expediente incoado respecto del fiscal general del Estado, dado que la Inspección Fiscal carece de competencia para su tramitación en los términos a (los) que alude» en la resolución donde acordó enviar a juicio a García Ortiz.
Se refiere, en concreto, al párrafo donde Hurtado explicó que, aunque «no ha lugar a la suspensión provisional interesada» por la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la cuestión debía remitirse a la Inspección Fiscal de la FGE «para que, en su caso, resuelva lo que proceda», pidiendo ser informado al respecto.
En su resolución, el propio Hurtado dijo que había un «vacío legal» que le impedía suspender en el cargo a García Ortiz porque la norma que regula la suspensión de los fiscales, el artículo 145.1 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal, no prevé que deba aplicarse al jefe del Ministerio Público.
Dicho precepto establece que «la persona titular de la FGE podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal», indicando que «se acordará en todo caso» cuando se abra juicio oral por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.
Hurtado citó una resolución suya del pasado noviembre para recalcar que ese «régimen propio» del Ministerio Fiscal «deja en manos de la persona titular de la FGE» la decisión de suspender a cualquier fiscal, «en función de los casos que en él se contemplan», por lo que el magistrado observaba en ello «un acto de naturaleza administrativa», que escapaba del ámbito judicial.
Al catalogarlo de esa manera, entendía que debía seguirse «el régimen procedimental propio de esta vía» administrativa. «Si esto es así para los miembros de la carrera fiscal, sin necesidad de entrar en el debate sobre si el fiscal general del Estado es, o no, miembro de ella, con más razón no se acordará esa suspensión» para García Ortiz, razonó.
SEGUIRÁ COMO JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO
No obstante, se mostró consciente del «contrasentido» que puede suponer que «sea él mismo», García Ortiz, «quien resuelva su propia suspensión cautelar», de ahí que derivara el asunto a la Inspección Fiscal.
«Si el problema es que no ha de ser el propio fiscal general del Estado el que resuelva sobre su propia suspensión, por estar siendo investigado en la presente causa, en ella debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya, si esta alternativa se considerase viable en esa vía (administrativa) y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal», apuntó.
Fuentes fiscales ya avanzaban a Europa Press que el Reglamento no era aplicable a García Ortiz porque está destinado a los miembros de la carrera fiscal y el fiscal general del Estado no tiene esta consideración mientras ostenta el cargo, al tiempo que auguraban que lo previsible era que la Inspección Fiscal respondiera en ese sentido.
De hecho, recordaban que podría haberse dado «el disparate» de que García Ortiz hubiera tenido que suspender a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, si Hurtado también hubiera abierto juicio oral en su contra –algo de lo que la libró al Sala de Apelación al admitir su recurso y archivar la causa para ella– mientras que él podría haber seguido en el cargo.
Fuentes consultadas aseguran que ese escenario podría haber pesado sobre el fiscal general pero ahora, como único acusado, las posiciones se mantienen. El pasado 9 de junio, cuando Hurtado procesó a García Ortiz, situándole a un paso del juicio, la Fiscalía informó de que reiteraba su inocencia y se reafirmaba «en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma».
Ya se pronunció de esta forma el 16 de octubre de 2024, cuando el Supremo le encausó y, desde entonces, ha defendido que, si dimitiera por lo que cree que fue desmentir un «bulo», debilitaría a la Fiscalía y la dejaría a merced de futuros ataques.
